La confrontación entre bandas del municipio de Bello alcanza, según los organismos de gobierno, proporciones preocupantes para la integridad y seguridad de los ciudadanos, que no son, exclusivamente, los que habitan en esa localidad del norte del Valle de Aburrá. Una amenaza al orden público que exige la intervención a fondo de la Policía Metropolitana y de sus autoridades municipales.
La cifra de homicidios, consolidada del 1 de enero al 24 de febrero, confirmaba 15 víctimas mortales de una violencia que obliga a los pobladores de Niquía, un amplio sector bellanita sobre la ladera noroccidental, a permanecer bajo un “toque de queda” extraoficial debido a que la comunidad se declara temerosa y expuesta a la arbitrariedad de grupos armados ilegales.
El crimen organizado en Bello tiene una mal ganada reputación: desde organizaciones de repudiable recordación como “la Ramada y parte de “los Triana” y “la Camila”, hasta otras de más reciente generación como “el Mesa”, “los Chatas” y “Pachelly”, se referencian grupos que imponen rutinas de terror y sometimiento, de extorsión y control territorial. Al igual que focos milicianos del Eln en la frontera con el corregimiento San Félix (Nuevo Jerusalén).
Por allí han pasado jefes delincuenciales como alias “Limón”, “Guayabo”, “Gancho”, “el Montañero”, “Evelio”, “Tom” y otros más asociados a una empresa criminal de rentas millonarias del microtráfico, las “vacunas” al comercio y el puente con el narcotráfico hacia la región norte del departamento de Antioquia (Yarumal, Ituango, Valdivia y brazos delictivos en el Bajo Cauca y localidades del departamento de Córdoba).
Hablar de Bello es referirse sin rodeos, infortunadamente, a una larga historia de fenómenos de violencia e ilegalidad incubados en un municipio densamente poblado, de capas obreras trabajadoras y progresistas, pero a la vez hostigadas por estructuras que perviven en medio de la pasividad de las autoridades de gobierno y una tímida intervención policial, y al tiempo contaminadas por algunos grupos políticos que han patrocinado la conjunción perversa entre delincuencia e institucionalidad público-privada. Bello requiere un tratamiento a fondo.
Lo de hoy es la manifestación epidérmica de organizaciones enquistadas que interrumpen su desarrollo: investigaciones de este diario en el último lustro retrataron la cooptación de bandas en el ciclo productivo amplio de la construcción: el cobro de extorsiones millonarias a los proveedores de materiales y a los edificadores. El desplazamiento y el despojo de fajas de terreno, e incluso de algunas empresas y emprendimientos, por parte de bandas tenebrosas que imponen su ley en medio de la impotencia ciudadana.
Hoy se denuncian patrullajes de grupos de encapuchados en sectores como Niquía-Camacol, El Tapón y Pachelly. Más de 15 asesinatos a febrero y un incremento de la violencia y los homicidios del 87 %, según su Personería, respecto de 2018.
Bello no puede ser una isla dejada a su suerte en el contexto de la criminalidad del Valle de Aburrá. Es un municipio de gran representatividad social y económica, y estratégico en las dinámicas de desarrollo del Norte de Antioquia.
No se pueden permitir indolencia ni indiferencia con una localidad de más de 800 mil habitantes, fundamental en los planes y las perspectivas regionales. Urge la reacción de la dirigencia antioqueña frente a la crisis de orden público y seguridad que afrontan los bellanitas.
