El deterioro de la seguridad durante los últimos cuatro años en regiones como el Norte, Bajo Cauca, Urabá y Occidente de Antioquia, con reacciones oficiales más asociadas a respuestas coyunturales que a planes integrales de intervención, mediante diagnósticos e información sistemática, reflejan la importancia de que ahora el gobierno departamental anuncie el restablecimiento del “radar contra el crimen”.
Son numerosas las perspectivas de un sistema de cruzamiento de información que involucra recursos, estadísticas, previsiones y reportes actualizados de ocho agencias del Estado que permitirán el análisis de las dinámicas subregionales y regionales de la violencia y la delincuencia.
Señalándolo de estar burocratizado y de tener altos costos, la pasada administración departamental “encogió” los alcances de esta oficina, comparable con los del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Alcaldía de Medellín.
Resulta bastante difícil combatir a una criminalidad como la que azota a los antioqueños si no se dispone de estudios rigurosos y sostenidos del comportamiento, de las lógicas y de los impactos mismos de esa ilegalidad y sus actores sobre el territorio y la “interconexión” (causalidad y efectos asociados) en el circuito delincuencial de Antioquia.
Pero hay más: si se recupera el Radar bajo el principio de socializar, de compartir esa información con criterios de transparencia, se abre paso a un ejercicio de crítica y alerta entre el Estado y sus dependencias, en relación con la academia, los centros de pensamiento, los organismos comunitarios y los ciudadanos.
Quien lo desee, hoy, mediante el Sisc, puede estar al tanto de la evolución de las tasas de homicidios y delitos como el hurto en Medellín. Es lo deseable para el departamento, para que tomen nota de ello las diferentes instancias oficiales, incluidas las alcaldías que, a la vez que son fuentes de información, pueden convertirse en parte de los actores que confeccionen y tracen estrategias de atención y combate a la ilegalidad.
Cada vez más, a medida que el país pueda ir desactivando el conflicto armado interno, la seguridad ciudadana se convierte en un medidor esencial de gobernabilidad y resultados indispensables a la hora de componer los planes generales de gobierno en otras áreas de inversión social, económica e incluso cultural.
La contabilidad estricta, y con datos cruzados, de los delitos y sus efectos en volúmenes y cifras, con lugares, fechas, autores y víctimas, alimenta procesos mucho más precisos y refinados de intervención de corto, mediano y largo plazos por parte de las autoridades, con el conocimiento y apoyo posibles de las comunidades.
Más allá del espejo retrovisor ante lo que se hizo o dejó de hacer en el gobierno pasado, inicia la reestructuración de una oficina que será determinante en el diseño de políticas públicas sustentadas para actuar contra los factores y actores ilegales en Antioquia.
El Sisc Antioquia, como lo anuncia la propia Secretaría de Gobierno seccional, será una pieza estratégica del paquete amplio de los planes a favor de la convivencia en el departamento. Se sabe que Urabá, Bajo Cauca y el Valle de Aburrá son prioridad en las metas futuras.
Expectativa y optimismo suscita un sistema de información determinante para los nuevos enfoques de la seguridad en el departamento.
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