Hay que recordar que el plebiscito no era una obligación legal ni constitucional del presidente para darles validez a los acuerdos de La Habana. Él quiso darle un plus no de legalidad sino de legitimidad y que esos acuerdos fueran refrendados por el pueblo. La Corte Constitucional en la sentencia de control previo a la Ley Estatutaria del Plebiscito para la Paz, dijo que este mecanismo es para apoyar o no una política pública, no para hacer reformas constitucionales. También hay que tener en cuenta que durante todo el trámite legislativo, desde el año pasado, se especificó que se trataba de la convocatoria para pronunciarse sobre el “Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. La pregunta que se hará no es nada distinto que el nombre mismo del acuerdo. En ella no hay invento ni trampa. La Corte Constitucional, por otra parte, no dice nada sobre cómo debe ser el contenido de la pregunta.
Que las Farc no se mencionen en la pregunta, es un tema político y no jurídico. Todos los colombianos sabemos que el acuerdo que se aprueba o se niega es con las Farc. Ahora bien, quienes redactaron la pregunta también quieren librarla de la connotación negativa que trae cualquier mención a las Farc. Pero jurídicamente, eso no es algo que invalide la pregunta.
