Refrendar los acuerdos con las Farc por la vía del Congreso tiene riesgos jurídicos internos e internacionales.
En el derecho interno, el Gobierno Nacional parece no haber leído la sentencia de la Corte Constitucional sobre el plebiscito. O si la leyó, no la entendió. O si la entendió, se la quiere pasar por la faja. Ese fallo explica las consecuencias jurídicas del No: el Acuerdo pierde toda eficacia y valor jurídico. También dice la Corte que el presidente conserva sus atribuciones para llegar a otros acuerdos. Es decir, el acuerdo que el pueblo rechazó no se puede ejecutar ni implementar. De lo que se trata aquí es de determinar si este otro acuerdo es diferente o es el mismo con algunas modificaciones cuantitativas. Comparados los dos acuerdos, queda la impresión de que sigue siendo el mismo, con cambios cosméticos. Eso habrá que dilucidarse, y si eso se hace por vía judicial, por demandas ante el Consejo de Estado, será un proceso lento y tortuoso.
También hay riesgos desde el derecho internacional: 1) Se sigue abusando de la figura de los acuerdos especiales de los Convenios de Ginebra. 2) Sigue habiendo impunidad, y habrá que rendir cuentas a la Corte Penal Internacional. 3) Se desconoce la Convención de Viena contra el narcotráfico, que prohíbe considerarlo delito político o conexo.
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