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En medio del fango del escándalo por la captura de Nicolás Petro y sus revelaciones, en medio del drama que vive la familia Petro por estos días, se perdió una noticia de la mayor importancia para el país: una reducción del 29,1% del área deforestada entre el 2022 y el 2021. El 2022 presentó la cifra más baja de bosques talados desde 2013, llegando a 123.517 hectáreas, mientras que en 2021 se redujo el área de bosques en 174.103 hectáreas.
El país tiene alrededor de 59 millones de hectáreas de bosques, casi el 50% del territorio nacional, concentrado sobre todo en la Amazonía y la región Andina. Colombia es el tercer país en Suramérica con mayor área con este tipo de ecosistemas, y por eso su gran biodiversidad.
La deforestación es, sin duda, el problema ambiental más delicado que tiene Colombia, mucho más que las tan cacareadas emisiones de gases efecto invernadero. Aunque frenar la deforestación claro que tiene efectos sobre las emisiones netas del país, parar la tala de bosques tiene unos efectos mucho más profundos que el simple hecho de que los árboles capturen CO2.
Los bosques son un gran prestador de servicios ambientales de enorme importancia; son los reguladores y cuidadores de los nacimientos y acuíferos con los que se alimenta no solamente el agua potable que consumimos, sino que son fundamentales como protectores de las cuencas de los ríos que alimentan los embalses con los que se genera más del 70% de la energía eléctrica del país. Su mayor amenaza es la expansión territorial provocada por los humanos, en particular por la búsqueda de tierra para asentamientos poblacionales y para aprovechamiento ganadero y agrícola que en Colombia incluye, desafortunadamente, la expansión de área cultivada de hoja de coca.
El cuidado de los bosques ha tenido desarrollos importantes también en materia de política pública. La más articulada y holística es probablemente la del gobierno Santos, que diseñó “Bosques Territorios de Vida” con cinco líneas estratégicas transversales y transectoriales para avanzar hacia un desarrollo rural sostenible y armónico con los bosques naturales, incluyendo un esquema de gobernanza forestal.
Este esquema, junto con los resultados del año pasado, ya permite pensar en lograr un posible pago por resultados de cuidado de bosques en el país, dentro del marco firmado entre los gobiernos de Colombia, Noruega, Reino Unido y Alemania para tal efecto, que permite pagar por los resultados de la reducción en la deforestación siempre y cuando las hectáreas taladas sean menores a 155,000 al año.
Este gobierno ha reportado también que para el primer trimestre de 2023, la Amazonía tuvo una reducción del 76% de la deforestación comparado con el mismo período en el 2022, algo muy positivo para el país. Es solo a través de las comunidades en territorio, de la concientización de quienes ahí habitan y explotan estas tierras, que se logra realmente articular una política pública que permita atacar el flagelo de la deforestación de frente. Solo con incentivos económicos claros y con una acción integral de diferentes entidades del Estado -Medio Ambiente, Agricultura, Energía, entre otros- y manteniendo líneas de acción de largo plazo se logrará seguir por el camino de la reducción de los bosques en Colombia.
