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Huele a guerra comercial entre EE. UU. y España. Para empezar, el Departamento de Estado ha puesto a España en punto de mira por la escasa seguridad jurídica que ofrece a inversiones internacionales en energías renovables. En la lista negra contra España figuran otros obstáculos a la inversión, entre ellos regulación compleja, elevada presión fiscal, burocracia lenta, fragmentación normativa entre Comunidades Autónomas y problemas en aplicación de incentivos públicos. Una retahíla de reproches para remarcar la escasa fiabilidad desplegada durante los años de «sanchismo» que enturbia las tensas relaciones comerciales entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez. La advertencia preocupa, ya que EE. UU. es el país con el mayor volumen acumulado de inversión extranjera directa en España, con 117.000 millones de euros, según las últimas cifras disponibles, correspondientes a 2024. En 2025, EE. UU. fue el mayor inversor extranjero en España, con 10.000 millones de euros de inversión bruta directa, casi un tercio del total.
El Departamento de Estado subraya la cascada de litigios por pleitos renovables que ha llevado a España a liderar el ranking global de países con más laudos renovables, superando a Venezuela y Rusia. En su edición 2026, el informe anual «Investment Climate Statement for Spain», que elabora el Departamento de Estado, va más allá, porque no se limita a recordar la existencia de esos procedimientos, cuantifica su alcance y subraya que el balance ha sido ampliamente desfavorable para España.
Según el documento, las reformas iniciadas en 2011 desencadenaron más de 50 reclamaciones de arbitraje de inversión en cortes internacionales contra España bajo el Tratado de la Carta de la Energía, del que España terminó retirándose en 2024.
EE. UU. señala el descrédito que supone que más de dos tercios de esos procedimientos hayan desembocado en laudos favorables a inversores. La referencia resulta incómoda para el Gobierno español, porque Washington señala la actitud seguida por el Gobierno de Sánchez una vez dictadas las condenas. Subraya que los inversores intentan ejecutar los laudos ante tribunales de distintos países y que España «se ha resistido a su cumplimiento», invocando, inmunidad soberana o el Derecho de la UE.
La advertencia del Departamento de Estado se suma a la decisión de la Comisión Marítima Federal (FMC) de EE. UU., que ha propuesto una tasa de 200.000 dólares por viaje para todos los buques con bandera española y restricciones a la importación de determinados productos de España a EE. UU. Las categorías comerciales que podrían verse afectadas incluyen perfumería y cosméticos, aceites y grasas, cerámica, artículos de piedra y azúcar, y confitería.
La nueva guerra comercial con España responde a las condiciones de transporte marítimo desfavorables para los buques con bandera estadounidense, según Washington. Todo parte de una investigación por la negativa de España a que atracaran en noviembre tres buques de Maersk sujetos al programa vinculado al transporte de mercancías a Israel.
Este intercambio solo favorece intereses electorales de Sánchez, al que le viene como anillo al dedo un archienemigo como Trump y todo el ruido posible en campaña. Si EE. UU. quiere perder de vista al personaje, lo mejor que puede hacer es ignorarle.
