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Colombia atraviesa un momento crítico: muchas de las decisiones públicas de los últimos años dejaron de basarse en criterios técnicos y jurídicos, y pasaron a responder a una agenda ideológica que no protege el ambiente ni genera desarrollo. Este giro no solo debilita la institucionalidad, sino que ahuyenta la inversión, frena la transición energética y reduce las oportunidades en los territorios.
Se ha instalado la idea falsa de que debemos escoger entre medio ambiente o desarrollo.
Ese dilema es una trampa que desconoce cómo funciona el mundo real. La sostenibilidad moderna requiere de ambos: rigor ambiental y capacidad productiva. Precisamente para eso existen la ingeniería, la ciencia y el derecho ambiental: para mitigar impactos, corregir riesgos y permitir que los proyectos convivan con el territorio, generando empleo, capacidades y oportunidades.
Mientras la narrativa ideológica avanza, la realidad del país se deteriora. La Amazonía pierde más selva, las comunidades rurales siguen en pobreza estructural y la transición energética, por no decir menos, está prácticamente detenida. Según datos recientes, al menos 1.535 MW de energía eólica están paralizados en Colombia, como el parque E200 en La Guajira, suspendido por los bloqueos en las consultas previas, pese a tener licencia ambiental vigente. Las consultas, en algunos casos se han convertido en mecanismos de presión o extorsión, llevando a los procesos de licenciamiento a ser usados como herramientas para bloquear el desarrollo.
A esto se suma un hecho innegable, la inversión extranjera viene cayendo bajo este gobierno. Después del rebote postpandemia, la IED pasó de USD 17,2 mil millones en 2022 a USD 14,3 mil millones en 2024, una caída del 17% y más de 3 mil millones de dólares menos entrando al país. Esa reducción coincide con decisiones impredecibles, señales contradictorias y un entorno regulatorio que genera desconfianza. Ninguna transición energética ni agenda de desarrollo puede construirse sin inversión privada, y Colombia la está perdiendo aceleradamente.
Todo esto ocurre mientras se habla de participación, pero se actúa sin escuchar. A ciertas comunidades se les volvió un negocio, apoyadas por ong`s, atacar los procesos de licenciamiento y paralizar la infraestructura minero-energética de Colombia. Lo hacen de manera irresponsable pues esto nos llevará a un posible apagón, a incrementos del valor del gas y a una pérdida de inversión local y de empleos bien remunerados.
El país necesita instituciones responsables que hagan cumplir las normas y tomen decisiones basadas en evidencia, no en dogmas.
Empresas como ENEL, CELSIA, EPM, EDP, QUEBRADONA, entre otras, sufren hoy día la hostilidad del gobierno con sus políticas anacrónicas y anti técnicas. La verdad es que, aunque la mayoría de comunidades apoyan un desarrollo responsable, el gobierno privilegia las versiones ideologizadas de unos pocos, y las impone.
Colombia debe recuperar el Estado que funcione: serio, técnico y confiable. El próximo gobierno debe re-estructurar la ANLA, las corporaciones autónomas, ANM y los mecanismos de consultas previas. Se volvieron la principal talanquera al desarrollo en Colombia.
