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“Estas presiones, según el denunciante, buscaban tomar control de la empresa para favorecer a aliados cercanos interesados en la adjudicación de contratos”. Así lo señaló Ricardo Bonilla, el ministro que habló demasiado. En su carta a la Fiscalía, apuntó a Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo de Gustavo, y a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, como los autores de estas presiones.
No pasó mucho tiempo antes de que respondiera Gustavo: “He decidido solicitar la renuncia al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla”. No mencionó a Roa ni a Alcocer. Ninguna defensa, ninguna negación. El “motivo oficial” fue el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Pero a nadie le quedó duda, las reglas de la casa son claras: silencio o renuncia.
Bonilla no era un desconocido para Gustavo. Fue su secretario de Hacienda como alcalde de Bogotá y uno de los pocos funcionarios en los que confiaba. Pero en la familia del poder no importa cuánto confíen en ti... si cuestionas a uno de los suyos, te eliminan.
Es la red de lealtades y alianzas que protege a los suyos. Petro ha defendido a Roa, incluso frente a acusaciones de nepotismo y violaciones a las normas de financiación de campañas. Mientras tanto, Alcocer, aun sin cargo público, ejerce una influencia que muchos consideran peligrosa. Ambos representan piezas clave de un poder que parece no aceptar desafíos ni del propio ministro de Hacienda.
La denuncia de Bonilla no solo detalla contratos cuestionables, es un mapa de cómo funciona la política cuando las lealtades importan más que la transparencia: injerencia indebida en una empresa pública, un hijo que presiona para beneficiar aliados y un presidente que protege a los suyos.
El caso de la Central Hidroeléctrica Urrá S.A. es un caso más en medio de un gobierno que nos obliga a decir “este es el peor escándalo de todos” cada semana. Un contrato retrasado, un parque solar que nunca se termina, presiones para beneficiar a aliados cercanos con contratos multimillonarios, incluyendo a un empresario vinculado al círculo de Alcocer, y una denuncia que queda sepultada junto con el nombre del ministro que se atrevió a contarla. Porque cuando el apellido te respalda, no importa que te señalen de violar topes de campaña o de dirigir contratos a tu pareja. Lo importante es que los nombres que pesan en el tablero no se tocan.
La renuncia forzada de Bonilla (aunque quieran desviarla con otros propósitos) deja un precedente peligroso. Si un ministro con poder y acceso a los más altos niveles de decisión, puede ser removido con rapidez y sin mayor explicación... qué capacidad tenemos los ciudadanos para exigir rendición de cuentas.
Al final, Bonilla no perdió su puesto por sus errores, sino por algo mucho peor: desafiar el orden de la casa.
