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Durante años, Colombia fragmentó con distintos nombres una misma amenaza. Hoy, el presidente Abelardo de la Espriella ha puesto sobre la mesa una definición directa: las organizaciones criminales que financian su poder con economías ilícitas, controlan territorios y someten comunidades mediante la violencia deben ser tratadas como terroristas. La decisión rompe una costumbre institucional: separar en categorías distintas estructuras que, en la práctica, se alimentan unas a otras. Narcotráfico, extorsión, minería ilegal, secuestro, contrabando, control territorial y violencia armada no son piezas sueltas, sino el motor de un sistema delictivo.
Por eso, sí: son terroristas. No porque una palabra cambie por sí sola la realidad, sino porque nombrar correctamente una amenaza es el primer paso para organizar la respuesta. Durante demasiado tiempo, el Estado combatió delitos mientras las organizaciones construían poder. Perseguía cargamentos, capturaba mandos medios, destruía laboratorios o intervenía minas ilegales, pero la arquitectura criminal seguía funcionando: reemplazaba hombres, movía capitales, intimidaba comunidades y conservaba redes logísticas y financieras. El Gobierno acierta al cambiar el punto de observación. El problema no es solamente qué delito cometen, sino qué poder acumulan y cómo lo ejercen.
Ahora viene lo difícil: convertir la denominación en capacidad estatal. El anunciado Estatuto Antiterrorista debe definir con precisión qué es una organización terrorista, establecer una lista oficial, fijar procedimientos claros y conectar esa clasificación con consecuencias concretas. Si un grupo entra en esa categoría, el Estado debe poder seguir sus armas, finanzas, empresas fachada, testaferros, corredores, comunicaciones y sus vínculos internacionales. De lo contrario, “terrorista” terminaría siendo una palabra fuerte para una política débil.
La segunda tarea es operacional. Fuerzas Militares, Policía Nacional, inteligencia, Fiscalía, UIAF y autoridades territoriales necesitan una doctrina común contra organizaciones que ya no respetan fronteras administrativas del Estado. El crimen aprendió a trabajar en red; el Estado todavía suele trabajar por competencias. Esa asimetría debe terminar.
La tercera tarea es financiera. Ningún cabecilla debería ser más importante que la estructura económica que puede reemplazarlo. Capturar personas sin destruir rentas, activos y redes de lavado es podar un árbol que conserva sus raíces. Hace falta internacionalizar la persecución. Extradición, intercambio de inteligencia, congelamiento de activos y cooperación judicial deben convertirse en parte de la estrategia. Las organizaciones criminales colombianas operan dentro de cadenas transnacionales; enfrentarlas únicamente dentro de nuestras fronteras sería combatir una sección del problema.
Y queda una última pieza: justicia y cárceles. Una política antiterrorista exige fiscales especializados, investigación patrimonial, jueces con capacidades suficientes y establecimientos penitenciarios donde los cabecillas dejen de dirigir organizaciones desde una celda. Si el mando criminal sobrevive a la captura, la captura fue apenas un cambio de domicilio. El Gobierno ha dado un paso que Colombia necesitaba: dejar de fragmentar conceptualmente una amenaza que lleva años actuando de manera integrada. Debe hacer algo más difícil que nombrarla: construir un Estado capaz de perseguirla como sistema. Al terrorismo no se le derrota cuando cambia de nombre; se le derrota cuando pierde territorio, dinero, mando, redes y capacidad de infundir miedo.
