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En febrero de 2026, un dron guiado por un hilo de fibra óptica fue utilizado en un atentado terrorista contra el cantón militar San Jorge, en Saravena (Arauca). Los inhibidores, diseñados para bloquear señales de radio, no encontraron nada que interrumpir. La máquina había aprendido a moverse en silencio. A marzo de este año, el consolidado de las Fuerzas Militares registraba 449 ataques con drones desde 2024, 53 uniformados muertos y 435 heridos. La guerra colombiana, tantas veces descrita como anacrónica, se le adelantó al Estado.
Ese hilo delgado, que facilitó el ataque, conduce a una realidad imposible de ocultar con discursos incoherentes del actual gobierno. Entre agosto de 2022 y mayo de 2026, Colombia acumuló cerca de 50.000 homicidios, incluidos 5.792 registrados los primeros cinco meses de 2026. A este deterioro se suma el fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales, con cerca de 27.000 integrantes al inicio del año, un crecimiento del 23,5% en doce meses, según Ideas para la Paz. Las disputas territoriales alcanzaron trece zonas y los enfrentamientos entre estas organizaciones aumentaron 34%. Entre enero y abril, miles de personas sufrieron diferentes afectaciones asociadas al conflicto armado, mientras el desplazamiento, el confinamiento y las restricciones a la movilidad golpearon a comunidades rurales y étnicas.
No son crisis independientes, y evidencian cómo se interrelacionan los frentes criminales, un solo homicidio puede ser resultado de una economía ilegal, una frontera sin control, una justicia ausente y una organización armada ilegal que suplanta al Estado. Narcotráfico, oro ilegal, extorsión, contrabando, corrupción y lavado de activos funcionan como un sistema. A eso debe responder el Estado. Esto implica un cambio en la visión de la seguridad. Mientras en otros países la preocupación son amenazas externas, en Colombia urge esa red institucional que abarque todo el territorio. No basta con proteger fronteras si el Estado está ausente en la vereda sin juez, el municipio sin capacidades policiales, la carretera controlada por un grupo armado o la comunidad vulnerable donde delincuentes coartan a jóvenes con el único ingreso económico disponible.
El gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá el reto de actuar desde una política de seguridad multidimensional. Integrar, bajo liderazgo civil, lo que la burocracia separó: defensa, seguridad ciudadana, justicia, inteligencia, fronteras, ciberseguridad, desarrollo rural, protección ambiental y política social. Se necesita una estrategia de seguridad con horizonte superior a un periodo presidencial, con responsabilidades verificables y prioridades territoriales, que recupere capacidades de inteligencia, movilidad, tecnología antidrones, ciberdefensa y seguridad jurídica. Conectar investigación criminal con persecución del lavado de activos y concentrar la intervención integral en zonas críticas. Emplear coerción legítima con precisión y cerrar mercados ilegales, vacíos institucionales y redes de corrupción que reproducen la violencia.
El hilo de fibra óptica hallado junto al cantón San Jorge deja una advertencia: el crimen ya conectó tecnología, territorio y dinero. Si el Estado enfrenta estas dimensiones por separado, perderá el país por partes. Necesita actuar como un sistema: la fuerza recupera territorio, las instituciones lo convierten en Estado.
