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Por Andrés Escobar U.
La próxima vez que vaya al supermercado, observe bien a la cajera que le registra su compra. Mírela a los ojos, agradézcale y déjele una buena propina: es posible que la próxima vez usted encuentre una máquina de autoservicio, que le permite registrar sus compras y pagar con una tarjeta sin contacto. El proceso de reemplazo ya comenzó en algunas cadenas colombianas. El trabajo como cajera, predominantemente femenino, es otro más de los oficios y profesiones amenazados por la tecnología... y por las malas políticas de empleo.
Ya sabemos que el progreso técnico nos mejora la vida y la productividad. Basta constatar que en Colombia hay más teléfonos celulares que habitantes, que los vendedores ambulantes reciben pagos por Nequi, etc, etc. El avance tecnológico no solo es deseable, sino que es inevitable. En su competencia interna y mundial, los países más avanzados continuarán desarrollando tecnologías para hacer más productivo el trabajo y para reemplazar a seres humanos. Hasta los abogados y los médicos sienten la amenaza de los algoritmos.
Lo que sí está en nuestras manos son las políticas públicas para mitigar y repartir los costos sociales del progreso. La tecnología no es ni económica ni socialmente neutral. Por más bien que se desempeñen en su trabajo las queridas señoras cajeras, su supervivencia laboral depende de los precios relativos entre la nueva tecnología y los costos laborales.
En la Colombia cerrada del siglo pasado, se volvió práctica normal colgarle costos o “contribuciones” a la nómina: Cajas de compensación, Sena, salud, Icbf, pensiones y otras arandelas. Son costos impuestos por el Estado; no los acuerdan las partes del contrato laboral. Para los rangos salariales bajos, estos costos representan para el empleador hasta un 50 % adicional al salario. Y claro: a la hora de analizar una nueva inversión —por ejemplo, importar los cajeros de autoservicio—, cuanto mayores sean los ahorros potenciales de la sustitución, más pronto llegan las máquinas.
Fedesarrollo, centro de pensamiento independiente de partidos y gremios, propuso reducir las contribuciones no salariales de los rangos bajos, para favorecer el empleo formal. También les convendría a las entidades receptoras de los aportes, pues para ellas es preferible que no se eliminen empleos formales. Reciben menos, pero reciben. El 50 % de cero es cero. La propuesta de Fedesarrollo merece atención del gobierno y de todos los que creen que el empleo formal dignifica a las personas y a sus familias.
El débil gobierno de Duque no hizo nada al respecto. Y, para colmo de males, ahora llega la ministra de Trabajo y lo primero que se le ocurre es proponer aumentos a los salarios nocturnos. Réquiem por las cajeras. Las máquinas trabajan de noche por lo mismo. Como ejercicio mental podemos preguntarnos: ¿cuál política laboral protegería más a las mujeres de bajos ingresos, subirles los salarios o reducirles las contribuciones obligatorias? Visto así, resulta fácil predecir que si se reducen las contribuciones para ellas, las empresas contratarían a más mujeres que hombres. Y lo mismo podemos decir en relación con la tecnología. A menores contribuciones obligatorias, más empleos.
Pronto veremos a quién prefiere proteger el nuevo gobierno. Y también si los costos del progreso los pagarán personas débiles, como las cajeras, o la sociedad como un todo a través del Estado .