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Tremendo desafío, en mi opinión, el más grande, la llamada paz total, para empezar porque los mal llamados gaitanistas no aceptan la ley de sometimiento, sino justicia transicional y la jurisdicción especial para La Paz.
Por Rafael Pardo Rueda - opinion@elcolombiano.com.com
Es hoy la mayor amenaza contra la democracia y la seguridad en nuestro país.
Han ampliado su rango de acción. Hoy están en 234 municipios. En tan solo 6 años, 2018 a la fecha, pasaron de hacer presencia en 170 municipios de 10 departamentos a 234 municipios en 16 departamentos. Y con su extensión territorial, además cambiaron su forma de operar. Después de la captura de alias Otoniel en la operación Agamenón, dejaron de usar las que llamaban “franquicias”, ahora cuentan con comandantes de área.
Los guerreros se presentan ante las poblaciones como una especie de Estado paralelo: inauguran infraestructura, puestos de salud y escuelas, entre otros, según un reciente informe de la Fundación Ideas para La Paz (Informe sobre el Clan del Golfo).
Otro informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de la Unidad de Investigación y Acusación, muestra que el Clan del Golfo, mejor llamado Ejército Gaitanista de Colombia, es el mayor depredador del medio ambiente. “El frente Jairo de Jesús Durango se mantiene como el mayor responsable de los impactos ambientales ocasionados por la minería de oro en la subregión del Atrato, en el Chocó, desde enero de 2023 esta actividad ilícita ha conducido a la deforestación de cierto número de hectáreas que podrían demorar 20 o 30 años en volverse a reforestar”. La coca, la minería de oro, el tráfico de migrantes, el tráfico de “blancas”, están entre sus principales actividades ilegales.
El Gobierno anunció en julio que iniciarían los diálogos con el Clan del Golfo. La Ley 1908 de 2018 ya había sido base de una primera negociación que se frustró. En el gobierno Petro, durante el proceso que dirigió el comisionado Danilo Rueda, hubo dos contactos con alias Jerónimo con presencia del delegado de Naciones Unidas. El anunciado recientemente debería comenzar en noviembre y es de esperar que el Gobierno tenga claro la magnitud de la organización a la que deberá someter.
Han reclutado a antiguos soldados, suboficiales del Ejército Nacional, mandos medios de las Farc o el ELN y también civiles. Llegan a 7.000 hombres, más o menos la mitad en armas y el resto “vigilantes”.
Cuentan con 6 bloques: Bloque Central Urabá o Juan de Dios Úsuga con presencia en Antioquia, Chocó, Córdoba, Meta, Casanare, Vichada, y Norte de Santander e influencia en 74 municipios. Bloque Roberto Vargas con presencia en Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar e influencia en 48 municipios. Bloque Jairo de Jesús Durango, presentes en Chocó, Antioquia, y Valle del Cauca, con influencia en 39 municipios. Bloque Magdalena Medio en Antioquia y Caldas e influencia en 22 municipios. Bloque Aristides Mesa en Sucre, Bolívar y Atlántico con influencia en 61 municipios y el Bloque Néstor Darío Hurtado en Cesar, Magdalena y Guajira. Tiene influencia en 49 municipios. (Datos Fundación Ideas para la Paz).
Puso el gobierno a Álvaro Jiménez como jefe negociador y a María Gaitán, la nieta de Jorge Eliecer Gaitán, quien tratará de convencer a los autodenominados gaitanistas de que no usen el nombre del abuelo. Su abuelo siempre fue un hombre de paz. Del lado del gobierno, además de Jiménez y Gaitán, estarán Armando Custodio Wouritu, Víctor Negret y Angela Plata. En el otro lado estará alias Chiquito Malo que responde al nombre de Jobanis de Jesús Ávila y otros.
Tremendo desafío, en mi opinión, el más grande de la llamada paz total, para empezar porque los mal llamados gaitanistas no aceptan la ley de sometimiento, sino justicia transicional y la jurisdicción especial para La Paz (JEP).
Todavía el congreso no ha recibido del gobierno el proyecto de ley de sometimiento.
Por lo pronto el gobierno las llama a unas conversaciones socio-jurídicas. Ya me imagino en el primer punto: si serán o no consideradas autodefensas. No lo son.