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Pocas cosas han funcionado tan bien en Colombia en las recientes décadas como el trámite de pasaportes. En un país cuya costumbre de hacer las cosas públicas mal, lentas o enredadas se convirtió en ley ordinaria, eso funcionaba de manera tan coordinada, rápida y eficaz –mejor que el promedio mundial – que cualquier dificultad temporal era noticia. Y su calidad y confiabilidad nos permitió tanto ser exonerados de visa para toda la Unión Europea y Reino Unido como obtener premios internacionales.
Pero tanta dicha no podía durarnos tanto. Y menos bajo un gobierno obsesionado con insertarnos en el desueto circuito socialista y ejercer un duro control estatal con el supuesto objetivo de ser “soberanos”. En mayo de 2023, hace ya 40 meses, advertí al país en estas páginas y en la radio acerca de la improvisación, desorden y trapisondas del gobierno Petro para cambiar el proceso; primero con el canciller Leyva y su ilegal decisión de acabar la licitación que buscaba adjudicar un operador por 4 años. La Procuraduría destituyó a Leyva por ello. Luego, el canciller Murillo que dio las primeras puntadas para un “nuevo modelo de pasaportes” basado en el carácter “soberano”, esto era quitarnos de las garras de unos señores Bautista y su compañía Thomas Greg & Sons (TGS).
La siguiente Canciller, Laura Sarabia, le bajó ritmo al proceso pero no lo detuvo, y doña Rosa Villavicencio le imprimió todo lo que pudo al son de la “soberanía”, curioso nombre para un contrato internacional por 10 a la estatal Casa de la Moneda de Portugal, y esta a la francesa Imprenta Nacional. Pero realmente el objetivo iba más allá de los pasaportes; se pretendía era evitar que TGS manejara la logística de las elecciones, como lo ha hecho desde 2007, un esquema con el cual el mismo Petro ganó y su movimiento político es la fuerza más grande del Congreso. Al estilo del chavismo en Venezuela y Ortega en Nicaragua, tener control absoluto sobre la organización electoral garantizaría a su vez el control de todo el Estado por décadas. Petro dedicó todos sus esfuerzos a ello, no solo con discursos grandilocuentes de ataque a TGS sino, y sobre todo, intentando sacarlos de los pasaportes.
Finalmente, no logró bloquear a TGS en las elecciones. Y en los pasaportes parece que tampoco. La reciente decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, suspendiendo el “modelo petrista”, dejó en evidencia a cuántas maniobras torcidas acudieron para quitarnos eso poco que funcionaba bien y dejarnos un nuevo pasaporte con serias sospechas de mala calidad e inseguridad tecnológica. La jugadita más burda fue eliminar el requisito de que las empresas del Estado –como la Imprenta Nacional - contaran con CONPES y CONFIS aprobados para comprometer vigencias futuras por 10 años. El “mico” lo metieron en el decreto de presupuesto nacional para darle apariencia de legalidad al contrato con los europeos, pero se les olvidó que realmente no es la Imprenta la que les paga a los portugueses, sino la Cancillería. Y esta no es empresa.
Le corresponde al nuevo gobierno regresarnos a ese pasado en el que el trámite, la calidad y confiabilidad de los pasaportes era de lo poco que el Estado hacía funcionar bien.
