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Columnistas | PUBLICADO EL 04 junio 2015
Partes desiguales
PorLuis A. Fajardo A.andres.fajardo@me.com
Hace unos días escuché en un programa de debate al senador Iván Cepeda sostener que al haberse sentado en una mesa de negociaciones con las Farc, el Estado colombiano está reconociendo a ese grupo un estatus de igualdad.
Sin entrar en las movedizas arenas del debate político sobre la legitimidad de las causas del conflicto, que desde mi perspectiva no es la cuestión, me parece que este argumento está errado y genera varios problemas de principio que pueden ser un obstáculo para posteriores negociaciones.
Es cierto que las Farc y el Estado colombiano son partes de una negociación, pero no hay que confundir partes, con iguales. Las partes son los participantes de un proceso o de una negociación, como por ejemplo son partes de un proceso penal el acusado y la Fiscalía, o fueron parte de negociaciones el Ira o el Eta, y los Estados con los que se sentaron a negociar, pero nadie se atrevería a decir que son iguales. En las conversaciones de paz no se trata de ser iguales, porque ello solo se daría en el caso de una guerra civil, en la que la autoridad Estatal estuviese en juego, pero eso no sucede aquí.
Las Farc no tienen ni la representatividad nacional, ni la legitimidad que requiere al menos un estatus de beligerancia. Si fuera así no necesitaría estar en armas, sino que simplemente a través del voto podrían llegar al poder; pero es muy difícil encontrar personas en Colombia que se sientan representadas por las Farc, y aún más difícil encontrar a un político elegido popularmente que admita públicamente que la acción armada es legítima.
La negociación se hace porque es deber del Estado adelantar los procesos y las gestiones para garantizar a las ciudadanas y ciudadanos las condiciones idóneas para ejercer sus derechos. Esta obligación fue elevada a derecho fundamental en el Art. 22 de la Constitución y por eso el Estado puede acudir, dentro de las múltiples vías que para ello tiene, a reunirse con los grupos armados organizados para buscar salidas a la violencia.
No se trata de que el Estado reconozca un estatus o que el Estado se someta, sino que el Estado usa una vía que considera más efectiva y acorde para cumplir sus obligaciones constitucionales.
Por esa razón, esta vía se usó válidamente con otros grupos armados, tanto guerrilleros como paramilitares, sin que ello fuese una legitimación de su causa, ni un reconocimiento de igualdad, ni mucho menos un sometimiento a sus intereses. Y seguramente se usará también con otros grupos guerrilleros como el Eln, e incluso si la situación con las Bacrim sigue empeorando y no se logra enfrentar con la contundencia que se requiere, nos veremos obligados a acudir también a ello.
Ojalá las Farc entendieran que la cuestión que se debate no es un juego de egos en el que van a salir triunfantes si alzan más la voz, sino tal vez, la última oportunidad que la historia les da para cambiar fusiles por discursos.
No queremos más campesinos muertos por culpa de la nefasta arrogancia de querer imponer con armas lo que no se logra en las urnas. La única igualdad que existe en la democracia es la que se gana cuando los votos lo dicen, pero para que hablen los votos deben callar los fusiles
