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Hace unos días, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, viejo amigo y aliado de Petro y del M-19, afirmó que en relación con “todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado”; sí, del Estado.
Lo expresado por Jaramillo, además de representar un desconocimiento elemental del contenido y alcance de dicha institución jurídica conforme lo prevé el artículo 288 del Código Civil, y el valor fundamental que la Constitución Política le reconoce a la familia como base de la sociedad, es la evidencia más clara del pensamiento profundamente totalitario del actual Gobierno.
“El Estado lo es todo”, es el dogma que subyace tanto en la atrevida afirmación del Ministro de Salud, como en el modo en que el propio Petro concibe su condición de Presidente, ante quien todo poder e individuo, funcionario o particular, se debe subordinar. Petro ha dado suficientes muestras de que los controles le molestan, dado que se auto percibe como el Jefe de todo, de la misma manera que lo hace cualquier dictador.
No se trata entonces de simple retórica; esta idea absurda de que los hijos pertenecen al Estado y no a las familias, tiene como referente conocido los sistemas comunistas del siglo XX, desde la URSS de Stalin, pasando por la China de Mao, la Cuba de los Castro y la Corea del Norte de los Kim, estos modelos totalitarios han visto en la familia un enemigo al que se debe desintegrar, empezando por romper el vínculo natural entre padres e hijos con el fin de sustituirlo por la lealtad ciega y absoluta al Partido y al supremo líder.
En los regímenes comunistas, el Estado controla en su integridad los aspectos de la vida individual y colectiva, abarcando absolutamente todo: la política, los medios de producción, los servicios públicos, la cultura, la religión y, por supuesto, la familia. En su expresión más pura, se trata de modelos esquizofrénicos, que desconfían y ven como una amenaza a todo lo que escapa de su control. Esto explica con sobrada suficiencia el desprecio manifiesto de Petro hacia la crítica y lo que limite su poder político.
La estatización de facto que ha logrado del sistema de salud colombiano, su relación desdeñosa con el poder Judicial y el Legislativo, su repulsión a la oposición y su agresividad con el sector privado y los medios de comunicación, son manifestaciones de un talante antidemocrático y totalitarista que el país no había experimentado durante más de doscientos años de vida republicana.
Por ello, el ministro Jaramillo, como Petro en su autopercepción y ejercicio del poder político, están absolutamente equivocados. El Estado no tiene autorización constitucional para ocupar el lugar de los padres; tampoco lo está para imponer un pensamiento único ni convertirse en el tutor ideológico de la infancia. Su pretenciosa afirmación entraña una amenaza directa a la libertad, es un abuso de poder que podría abrir el camino hacia un peligroso proceso de ingeniería social, desnaturalizando el vínculo familiar, instrumentalizando a nuestros niños y destruyendo el pilar de nuestra sociedad.
