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En las calles de Medellín la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) está creciendo a ojos de todos. Este flagelo, -del cual escribí también en noviembre-, se extiende desafiando nuestros cimientos morales y dignidad como ciudad. La inoperancia institucional ha sido la regla general para enfrentar el fenómeno y se espera de la nueva Administración un paquete de medidas que ataquen ese delito.
Un reciente informe especial de Heidi Tamayo que publicó este diario pinta una imagen desgarradora. Señala cómo, a pesar de los llamados, la acción institucional sigue siendo insuficiente para abordar el delito de ESCNNA. Es hora de tomar medidas concretas para proteger a la niñez.
Por ahora, el alcalde Federico Gutiérrez firmó un decreto que ordena toque de queda entre las 7 pm y las 5 am para menores de edad en ciertas zonas. A pesar de las buenas intenciones del mandatario, la medida está lejos de representar una solución estructural a un problema de dimensiones mayores que requiere articulación interinstitucional, estrategias de cultura ciudadana y recursos humanos y financieros suficientes para perseguir la demanda, es decir, a aquellas personas que pagan por explotar sexualmente a los menores de edad o hacen parte de la renta ilegal que hay alrededor de la trata.
La explotación sexual infantil no es solo un problema de seguridad pública, es una violación de los derechos humanos fundamentales de los más indefensos de la sociedad. Detrás de cada niña o niño que ha sido explotado, hay una historia de abuso, violencia y trauma que no puede ser ignorada ni minimizada.
Es hora de que las autoridades asuman la responsabilidad y redoblen sus esfuerzos para combatir este flagelo. Esto conlleva implementar medidas más efectivas de prevención, identificación y protección de las víctimas. Además, es fundamental fortalecer la coordinación entre las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado para abordar este problema de manera integral, así como generar acciones concretas con el gremio hotelero, taxista, y en general todo tipo de personas que podrían advertir el delito.
Pero la lucha contra la explotación sexual infantil no puede recaer únicamente en los hombros de las autoridades. Todos nosotros, como ciudadanos y miembros de esta comunidad, debemos asumir un papel activo en la protección de la niñez. Esto significa estar atentos a las señales de explotación, denunciar cualquier sospecha de abuso y trabajar juntos para crear entornos seguros y protectores para nuestra juventud.
En última instancia, la erradicación de la explotación sexual infantil requiere un compromiso colectivo y una acción decidida de todos los sectores de la sociedad. No podemos permitir que esta sombra continúe oscureciendo el futuro de nuestros niños y niñas. Es hora de arrojar luz sobre esta oscuridad y construir una Medellín donde cada niño y niña pueda crecer y prosperar en un entorno seguro y amoroso.
Juntos, podemos marcar la diferencia y poner fin a esta terrible realidad que está afectando nuestra ciudad. El momento de actuar es ahora. El futuro de la niñez depende de ello.
