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En medio de la campaña, hubo un evento que pasó desapercibido para la mayoría de las candidaturas, pero que merece toda la atención de la ciudad: la presentación del informe de la Mesa Intersectorial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), un tema del que poco hemos querido hablar y cuyas consecuencias deberían sacudirnos como sociedad.
El informe arrojó datos alarmantes que evidencian una de las mayores rentas criminales que azotan hoy a Medellín. Este fenómeno, impulsado por la impunidad y la pasividad institucional, se ha convertido en un delito que crece de manera exponencial para las redes y grupos de delincuencia común.
La explotación sexual de NNA se agudiza en las poblaciones más pobres, y tiene un especial acento en la población migrante venezolana que, además, vive el desarraigo de su tierra y muchas otras situaciones lamentables. La alta vulnerabilidad en la que viven estas familias, deja a las víctimas a merced de los grupos ilegales, y las convierte en presa fácil de los delincuentes que cada día que pasa engordan sus rentas.
Como la mayoría de desafíos que tenemos, esta situación no se limita a Medellín, sino que involucra a todos los municipios del Valle de Aburrá. La estrategia exige un compromiso metropolitano, con articulación nacional e incluso internacional, donde todas las administraciones y sectores involucrados, trabajen conjuntamente para erradicar este delito.
Según el informe, la administración de Quintero disminuyó en 119% los servicios y acompañamientos destinados a combatir esta problemática y apoyar a las víctimas, incluyendo la asistencia psicológica, social e incluso financiera. En un debate que hicimos en el Concejo, mostramos que, a lo largo de este periodo, solo se efectuaron 33 capturas por este delito. Una cifra absurda para 4 años de gestión, si se tiene en cuenta que esta conducta criminal es abiertamente visible.
La presencia de la ESCNNA ha evolucionado hacia entornos digitales, siendo la pornografía infantil y la instrumentalización de menores en la industria webcam, áreas particularmente preocupantes. Es imperativo cuestionar la función legitimadora de la mercantilización de los cuerpos que ejerce la industria webcam, una tarea esencial para abordar su popularidad. El debate suscita incomodidad, pero no por esto podemos evitarlo, más aún cuando es la población sujeta a especial protección constitucional la que está siendo víctima.
La tendencia al alza en la ESCNNA debería alarmar y llamar a la acción a los gobernantes electos. El aumento de víctimas y el alto subregistro, revelan la urgencia de una intervención integral, coordinada y efectiva de las autoridades. La falta de información en las bases consultadas, es desoladora y dificulta dimensionar la magnitud del problema.
El crecimiento de este delito señala un fracaso como sociedad. La impunidad imperante, la escasa persecución y la normalización de la compra de cuerpos, exigen una sanción social mayor. Hay que actuar con determinación, comprometernos como sociedad, perseguir la demanda, no a las víctimas, y asegurar un mejor futuro para las nuevas generaciones. La urgencia es ineludible, y la acción debe ser inmediata. La niñez se respeta.
