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La semana pasada dirigí, en mi carácter de ex consejero del posconflicto, con Eduardo Díaz Uribe, ex director del programa de sustitución, una carta al Presidente Gustavo Petro. El motivo de la carta fue hacer un reclamo al presidente por unas declaraciones, en Tumaco, donde dijo que durante la presidencia de Juan Manuel Santos el programa de sustitución había sido un ‘antro de corrupción’.
Le solicitamos en la carta que se rectificara públicamente. Seguimos esperando su respuesta. El programa, para quienes no lo sepan, se originó en los llanos del Yari. Me acerqué a Rodrigo Londoño, entonces Timochenco y le dije que el capítulo sobre drogas ilícitas no tenía futuro. La gente no iba dejar la coca voluntariamente, sino se le daban unos incentivos. Diseñamos los incentivos en compañía de Eduardo Díaz Uribe y cuando estuvo el presupuesto nacional listo, incluimos los incentivos y procedimos a firmar el acuerdo. Un acuerdo solo para el Pnis.
Cada familia o persona que firmara un compromiso donde manifestaba que quería iniciar un programa de sustitución, debía comprometerse a erradicar sus matas de coca, y cambio de esto el Estado se comprometía a suministrar un millón de pesos cada mes durante 12 meses para su sostenimiento y el de su familia, e inversiones por 24 millones adicionales en proyectos productivos y asistencia técnica.
En el Congreso se presentó un proyecto de ley, de tratamiento penal diferencial, que permitía que los campesinos que habían firmado el compromiso de sustituir, - en otras palabras que hubieren ingresado al Pnis -, con áreas hasta de 2 hectáreas fueran por así decirlo, indultados.
Nuestro código penal hace (todavía hace) que el campesino que dedique su tierra a cultivar cultivos ilícitos sea penalizado con cárcel. El proyecto se presentó cuatro veces al congreso. En el 2018, 2021, 2022 y 2023 y aún no ha sido posible despenalizar el eslabón más frágil de la cadena, el campesino.
“Desde el inicio de su implementación el -PNIS- ha vinculado un total de 99.907 familias, 67.627 son cultivadoras o cultivadores de ilícitos, 14.612 personas que no cultivan ilícitos, pero habitan en zonas afectadas por este fenómeno y 16.858 son recolectores de hoja de coca, el programa contempló pagos de 36 millones de pesos para cada familia inscrita como parte del Plan de Atención Inmediata Familiar. Los pagos se entregarían a través de cinco componentes: pagos de asistencia alimentaria inmediata, por un monto de $12 millones; apoyo de asistencia técnica, de $3,2 millones; entregas de insumos y materiales para proyectos de seguridad alimentaria y huertas caseras, por $1,8 millones; proyectos productivos de ciclo corto, de nueve millones de pesos; y proyectos de ciclo largo, de $10 millones” (informe de la Contraloría al Congreso Nacional).
La responsabilidad penal es individual no colectiva y por eso ese proyecto de ley es muy importante. Como decimos en la carta, en el gobierno Santos no se contemplaron ni fiducias ni asesorías ni consultores ni contratistas ni intermediarios. Las reuniones con los cultivadores las organizaron desmovilizados y funcionarios de la dirección de sustitución. El presidente está o mal informado o recibió chismes. O sencillamente no le importa mentir.
