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El 27 de julio pasado advertía esta columna a los magistrados de la Corte Suprema acerca del “momento en la historia de cada país donde el carácter de sus líderes se une al destino de esa Nación; ese momento ha llegado, señores magistrados”, frase del jurista Mauricio Gaona. Hoy el llamado es, “ese momento ha llegado, señores senadores de la República”.
Así como muchos magistrados, periodistas, jueces y líderes sociales políticos han dado la vida defendiendo un orden constitucional – ese que hoy el Presidente, su gobierno y sus huestes quieren acabar al galope de un irreal “estado de opinión” – les corresponde senadores dar esa batalla en la selección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Tienen ante sí tres nombres para escoger uno. Ténganlo muy presente la próxima semana, no es solo un trámite puramente electoral: nos jugamos ahí los colombianos la vigencia plena del estado de derecho, de nuestras instituciones republicanas y democráticas y el futuro inmediato del país. Votar mal, seleccionando una persona de los afectos o respaldada por el bloque del petrismo, tendrá consecuencias ya predecibles. Lenta y perceptiblemente, parodiando al maestro Andrés Bello, se ha intentado durante este gobierno derrumbar las instituciones que no agachan la cerviz al ejecutivo, descalificándolas, atacándolas, poniéndolas como enemigas “del pueblo”, denostando a sus líderes al son de violentos “hps”.
Quizá el grueso de los colombianos lo haya olvidado, pero el Senado ha dado muestras muchas veces de estar a la altura de circunstancias críticas en las que un solo voto o una mala decisión legislativa le hubiese creado, o le creó, al país desastres incalculables.
Muy atrás, en 1903, el Senado rechazó el tratado Herrán – Hay que concedía a Estados Unidos el derecho de construir el Canal de Panamá en territorio colombiano, argumentando soberanía nacional. Parecía una decisión loable; era lo contrario pues los panameños sí querían el Canal y consideraron que los bogotanos les arrebataban ese derecho, así que armaron su separación de Colombia, con apoyo de EEUU. Más adelante, entre 1927 y 1928, los congresistas Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán debatieron los abusos del gobierno contra sindicalistas en las plantaciones bananeras que desembocaron en la masacre.
En 1936 la Ley 200, aprobada contra viento y marea, cambió sustancialmente el mapa de la propiedad y uso de la tierra en el país; en 1949, el Senado impávido permitió que el presidente Mariano Ospina lo cerrara; sus consecuencias se tradujeron en más miles de muertos.
Y ha habido varios episodios del Senado oponiéndose a “micos” y “orangutanes” que hubiesen permitido amplios beneficios, por ejemplo, a narcotraficantes.
Reitero lo dicho a la Corte: están a la vista amenazas y vientos, y hechos, de abuso del poder y las evidencias de ataque sistemático contra la institucionalidad y la separación de poderes, amén de una sostenida cascada de golpes contra la libertad de prensa y de opinión. La composición de la Constitucional tiene fisuras que no garantizan su independencia del Ejecutivo.
No se pueden equivocar senadores, deben seleccionar no solo un jurista del mejor nivel sino también, en igual proporción de importancia, que nos garantice a los colombianos independencia con solidez jurídica.
