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El “gobierno del cambio” ha sustentado su modelo económico en dinamizar el consumo de los hogares mediante un aumento significativo del gasto público, especialmente a través de transferencias dirigidas a poblaciones vulnerables, y altos incrementos en el salario mínimo. En el corto plazo, esta estrategia logra aliviar carencias y ampliar el acceso al consumo básico. Pero sus efectos estructurales plantean preguntas inquietantes.
Ese mayor consumo convive hoy con baja inversión, débil crecimiento económico y un déficit fiscal creciente. La combinación no es menor: presiona la inflación, eleva las tasas de interés y deteriora las condiciones para la generación de empleo productivo. En otras palabras, se estimula la demanda sin fortalecer la capacidad de la economía para responder a ella de manera sostenible.
El resultado es un modelo que, aunque mejora transitoriamente el ingreso de algunos hogares, también amplía la dependencia de los subsidios y limita la creación de oportunidades laborales formales. A ello se suma una política que desincentiva sectores productivos clave, en nombre de la transición ambiental, sin ofrecer alternativas de nuevos sectores. El efecto agregado ha sido mayor informalidad, menor inversión y un crecimiento insuficiente para sostener avances sociales duraderos.
No se trata de desconocer que las transferencias monetarias reducen la pobreza en el corto plazo. El problema es su alcance y su permanencia. Una estrategia basada casi exclusivamente en el gasto público y alto salario mínimo, sin una base sólida de crecimiento, golpea con mayor fuerza a los hogares más vulnerables vía una mayor inflación que erosiona el poder adquisitivo y el empleo formal.
Además, hay un impacto poco discutido en la clase media. Excluida de muchos programas y presionada por el costo de vida, enfrenta el riesgo real de retroceder. Cuando esto ocurre, la pobreza no se reduce de manera sostenible y la desigualdad encuentra nuevas formas de reproducirse.
En este contexto, el candidato Cepeda no representan un giro, sino una profundización. Su planteamiento de acelerar la transición energética conlleva resultados muy discutibles. Al igual que una ampliación del enfoque redistributivo, sin esclarecer las fuentes de financiación ni sus impactos sobre la inversión y el crecimiento.
El modelo económico de Petro y Cepeda restringe, además, ámbitos fundamentales de la Constitución del 91 como el interés general de que trata el principio del Estado social de derecho, la libertad económica y libre empresa, así como la prestación de servicios sociales del Estado por parte de privados.
El riesgo es evidente: consolidar un modelo que privilegia la redistribución y el consumo sobre la inversión, limita el crecimiento económico y sin éste, no hay política social que resista en el tiempo.
De cara a las elecciones presidenciales, el debate no puede quedarse en intenciones, ni en los ataques a Antioquia. La pregunta es si se puede sostener un modelo que debilita sus motores de crecimiento mientras amplía sus compromisos de gasto. Ignorar esa tensión es aplazar un ajuste que terminarán pagando las poblaciones más vulnerables. Los otros candidatos deben incluir propuestas robustas y viables de lucha frontal contra la pobreza y la desigualdad. Finalmente, hay que recordar que elegir también es entender previamente las consecuencias.
