viernes
0 y 6
0 y 6
Columnistas | PUBLICADO EL 16 febrero 2020
Masacres: los días del horror
-
-
Desplazamiento en el Alto San Juan, en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia. Foto Donaldo Zuluaga -
Casas en ruinas tras la masacre de El Aro. Foto Jesús Abad Colorado -
Corregimiento El Aro del municipio de Ituango 8 años después de la masacre. Foto Manuel Saldarriaga -
Desplazados de El Salado mientras se hacen los actos urgentes de levantamiento. Foto Fredy Amariles -
Indígenas desplazados inician su travesía por el río Opogadó. Foto Manuel Saldarriaga -
Los testigos le relataron a EL COLOMBIANO cómo fue la masacre de El Salado.
Convertidas en mecanismo para aterrorizar a los civiles, las matanzas sacudieron a decenas de poblados rurales de Colombia donde la gente pagó con sangre la cercanía o el odio de algún grupo armado.
En el Alto San Juan, en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, un aula de la escuela quedó anegada por la sangre de los seis campesinos que guerrilleros de las Farc fusilaron desde las ventanas aquel abril de 2001. Las hojas de cuaderno terminaron pegadas de la charca, cuando se secó.
Al llegar en compañía del reportero gráfico Donaldo Zuluaga a ese paraje, entre las serranías de Abibe y San Jerónimo, la gente empezó a salir del monte, donde se había escondido de una escuadra que dirigía el temido alias “Manteco”, del V Frente. Sus rostros estaban llenos de pánico y de picaduras de mosquitos. Los niños se aferraban nerviosos de las faldas de sus madres, que desfilaban loma abajo para huir del riesgo de que los asesinos regresaran.
Desplazamiento en el Alto San Juan, en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia. Foto Donaldo Zuluaga
En El Aro, en octubre de 1997, los paramilitares permanecieron tres días en el caserío. Violaron a una maestra en la caseta telefónica y durante su estancia cometieron actos terribles: al tendero Marco Aurelio Areiza, los hombres de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, que estaban bajo el mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, le arrancaron el corazón después de molerlo a culatazos de fusil y garrote.
Casas en ruinas tras la masacre de El Aro. Foto Jesús Abad Colorado
Esa faena brutal se quedó en la memoria de los niños que luego, como adolescentes, vi llorar mientras trataba de reconstruir los hechos para un reportaje que publiqué ocho años después, para contar “el ayer y el hoy de una comunidad golpeada por la guerra”. El texto empezaba así:
“Cuando trae a la mente la imagen que no lo deja dormir desde hace ocho años, el joven se come las uñas, cubre su rostro con las manos, tiembla y contiene dos lágrimas que alcanzan a aguarle los ojos. Al mediodía del lunes 27 de octubre de 1997 estaba parado a 20 metros de la entrada al cementerio de El Aro, rodeado por un piquete de paramilitares. En el piso estaba tendido el cadáver de Marco Aurelio Areiza.
“Las manos del viejo Areiza estaban atadas con una soga un poco más arriba de la cintura. El pantalón desabrochado con la bragueta abierta y recogido en los muslos dejaba ver que el pene y los testículos habían sido cercenados.
“La camisa de la víctima estaba desabotonada y se observaba una brecha abierta a cuchillo en el abdomen de la que manaba sangre y se salían las vísceras. Algunos paramilitares se reían y pateaban el cuerpo”.
Corregimiento El Aro del municipio de Ituango 8 años después de la masacre. Foto Manuel Saldarriaga
Así fue el horror que se regó por decenas de poblados donde se escenificaron matanzas aterradoras: Bajo del Oso, Mapiripán, El Salado, Macayepo, Pichilín y Colosó, El Diamante, Chengue, San Carlos... La sangre corrió a chorros tras los machetes y los fusiles de los paramilitares y también de los guerrilleros. Incluso hubo episodios en los cuales se sindicó a miembros del Ejército Nacional de tener responsabilidad, por acción u omisión, como en San José de Apartadó, en 2005.
El lema era “quitarle el agua al pez”, crear un nivel de miedo tal entre los civiles que los llevara a romper cualquier vínculo, cercanía o apoyo al bando enemigo. Así se cometieron matanzas de una brutalidad impensable como en El Salado donde les molieron las cabezas a varios pobladores con golpes de almádanas mientras sus vecinos eran obligados a ver la carnicería.
Desplazados de El Salado mientras se hacen los actos urgentes de levantamiento. Foto Fredy Amariles
Ocurrió también en Pueblo Galleta, una vereda de Currulao, en Urabá. Vi a las víctimas de aquella masacre en el hospital de Turbo. Los cuerpos fueron llevados allí por los mismos pobladores porque el Ejército y la Fiscalía nunca llegaron. Los campesinos, enmudecidos, esperaban afuera de la morgue que se hicieran los levantamientos y las diligencias judiciales.
La manera en que habían sido asesinados, la impiedad que se reflejaba en los cadáveres hizo vomitar delante de mí a uno de los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, que no aguantó descubrir e imaginar tanto sufrimiento.
Los paramilitares habían reunido a todas las mujeres y los niños en torno a la cancha del caserío. Delante de ellos decapitaron a una de las víctimas y después jugaron un partido de fútbol con la cabeza, que se fue deshaciendo mientras la pateaban sobre el polvo y las piedras y contaban y cantaban los goles. Una hora de un teatro de horror que silenció a los espectadores. Una de las mujeres, ya anciana, me dijo: “no quiero recordar más, porque suficiente será sufrir hasta que me mate esta tristeza”.
Aunque las masacres están registradas como parte y método de intimidación en los diferentes conflictos que ha vivido Colombia a lo largo de su historia, entre 1995 y 2005, cuando arreció la disputa entre las Autodefensas Unidas de Colombia y las Farc, fueron una práctica sistemática, repetida. Cada mes, incluso a veces cada semana, se presentaban asesinatos colectivos ante los ojos de un país urbano que no reaccionaba, que parecía anestesiado frente a semejante desprecio por la vida humana.
Los bandos pusieron en la mira a todo poblado y grupo de civiles que tuviera contacto con el enemigo, voluntaria o involuntariamente. El lema era cortar los apoyos políticos, logísticos o militares provenientes de las históricas redes milicianas de las Farc, una trama de 40 años de pervivencia y lucha armada, que había logrado mimetizarse en muchas regiones, especialmente en el sur del país, en Caquetá, Putumayo, Meta y Casanare. Redes tendidas por lo general en caseríos cercanos a las retaguardias selváticas de las Farc y del Eln en serranías, sierras, montes y montañas: Nudo del Paramillo, el Darién, el Cocuy, Santa Marta, La Macarena, San Lucas y los Montes de María, cuya entrada lindaba con El Salado.
El máximo jefe militar en el crecimiento de las autodefensas durante los años noventa, Carlos Mauricio García Fernández, apodado Doble Cero, solía sentenciar cuando lo entrevisté: una persona bien ubicada, en lugares estratégicos, con un radio o un teléfono, puede hacer más daño que 50 hombres con fusiles buscando una aguja en un pajar (un vigía, un informante en un pueblo, con apariencia de civil).
Por eso se infundía miedo a los civiles. Se les acosaba, se les sometía. Las masacres fueron muchas veces punto de partida en aquellos dominios territoriales que buscaban los ejércitos irregulares.
A veces, eran estampas grotescas las que servían para atemorizar, desmoralizar y rendir a las comunidades. Bajo la luz de una vela, a orillas del río Opogadó, afluente del Atrato, escuché a varias ancianas de la etnia embera relatar los gestos humillantes de los combatientes. Las despojaron de sus prótesis dentales con piezas de oro.
En una crónica de entonces, tras la ocupación paramilitar del Opogadó, los viejos embera me narraron esta escena: “El uniformado se sienta en una hamaca. Lleva en sus manos una gallina. Repasa el rabo del animal y se apresta, ante la mirada de mujeres y niños, a copularlo.
Indígenas desplazados inician su travesía por el río Opogadó. Foto Manuel Saldarriaga
“Pasa un par de minutos y, después de ser llevada y traída con violencia contra la humanidad, el ave muere. Ahora, como si no ocurriese nada, el hombre organiza el animal, lo estira y lo guarda en su morral de campaña”. Otro de sus compañeros acaba de protagonizar una escena similar con una de las mulas de la aldea.
Las rejas de Villalba
En agosto de 2006 logré entrevistar a Francisco Enrique Villalba Hernández en la Cárcel La Picota, en Bogotá. Su nombre de combate en las Autodefensas de Córdoba y Urabá había sido “Cristian Barreto”. Él aceptó que a veces, cuando estaban en las fincas Las Tangas y La 35, bases de entrenamiento de los paramilitares, tomaban a civiles ancianos o con problemas mentales en los pueblos aledaños y estando vivos los descuartizaban.
El reportaje con él empezaba así: “Era inevitable mirar sus manos, que cargaban una carpeta con recortes de periódicos y diagnósticos médicos. Las mismas manos con que había matado a tantas personas que ni él mismo recordaba cuántas.
“(...) Estaba de bluyines y chaqueta deportiva de lona. Su figura distaba mucho de ser la de un paramilitar fogueado en combates y masacres desde los 16 años. (...) Los métodos que emplearon Villalba y otros 120 paramilitares para someter a los pobladores de El Aro describen la crudeza del conflicto armado colombiano: molieron a golpes al tendero del pueblo, lo castraron y le arrancaron el corazón”.
En la charla con Villalba, recordó haber estado en masacres como las de Segovia (septiembre de 1988, 43 muertos), Pueblo Bello-Las Tangas (enero de 1990, 43 desaparecidos), Pichilín y Colosó (diciembre de 1996, 15 muertos) y El Aro (octubre de 1997, 15 muertos). Era tal su parentesco con aquellos asesinatos colectivos que en su relato empleó frases como “uno se aburre de tanto entierro”. Tres años después de entrevistarlo, Villalba salió libre debido a quebrantos de salud y sus verdades se fueron a la tumba, en abril de 2009, al ser asesinado por un pistolero junto a la casa a donde se fue a vivir en La Estrella, Antioquia.
Sabía demasiado sobre los autores no solo materiales sino intelectuales del capítulo aterrador de las matanzas que estremecieron a Colombia en los últimos 30 años. Esas masacres que empecé a cargar en mi libreta de reportero cada vez que llegaba y salía de aquellos caseríos ensombrecidos y entristecidos por la barbarie.
En el ataque de las Farc al campamento central de Carlos Castaño, en el Cerro Tolová, entre Valencia y Tierralta, en Córdoba, en diciembre de 1998, además de matar a varios civiles del caserío El Diamante, a los que señalaron de colaboradores, y a las empleadas del servicio doméstico, los guerrilleros se ensañaron con los combatientes rivales a los que lograron rendir.
En la morgue de Tierralta vi los cadáveres apilados de los paramilitares, algunos muertos con tiros de gracia en la frente, pero otros torturados con cortes de cuchillos de combate por todo el cuerpo, y decapitados. Una niña estaba entre las víctimas civiles, luego de que un tiro de fusil perforara las paredes de madera de su casa. Así lo recordé en un relato:
“De siete años, vestida de colores, está en el piso, bocarriba, en un rincón de la morgue. Aunque morada, parece viva.
“Hombres sudorosos apiñan cadáveres de combatientes. Huele a formol y sangre seca. Atravesada por una bala, la niña se extravía entre la montonera.
“Su intestino, arrastrado al exterior por el proyectil, se estira al ser removida. Deja un hilillo de baba visceral que evapora el calor desesperante”.
El país estaba envuelto por una espiral de violencia y venganzas. A cada combate y emboscada de las Farc le sobrevenía una matanza paramilitar en alguna región de influencia guerrillera. El “agua” era la población civil y había que arrebatársela a la subversión. A los métodos crueles de guerra de la insurgencia le seguían otros tantos de lesa humanidad de los paramilitares.
Las ONG de derechos humanos, los organismos humanitarios internacionales y la Iglesia Católica clamaban que se pusiera fin a una carnicería que ahondaba el sufrimiento de las comunidades de la periferia. Los sacerdotes intentaban que el Estado Mayor de las Autodefensas ordenara a sus frentes parar la racha de masacres.
En un reportaje sobre las matanzas y la violencia del conflicto armado en Chocó describí aquellas gestiones, casi siempre infructuosas: “La conversación se había acalorado un poco. Carlos Castaño con su tono severo de siempre, les dijo a los dos sacerdotes que habían viajado desde Quibdó: ‘padres, les he dicho a mis hombres que maten la gente, pero que no se pongan con torturas’. Uno de los sacerdotes, el de menor jerarquía, no aguantó aquella respuesta que sentía tan irónica y desalmada y le replicó: ‘perdóneme, pero lo suyo ya se torna demasiado hijueputa’.
“Sus hábitos cristianos se extraviaron en ese momento debido a la desesperación y la impotencia con que venía recibiendo cada día. Era un sacerdote de base que tenía que conocer las denuncias de los desaparecidos en las comunidades del río Atrato y sus afluentes. Los campesinos, semana a semana, le rompían en llanto y le pedían comisiones para buscar decenas de cuerpos que casi nunca hallaban”.
A Carlos Castaño lo entrevisté en varias oportunidades, dos de ellas de manera personal, cara a cara. Siempre rehuía el tema de las masacres y las preguntas sobre las razones para ordenar esos homicidios colectivos y feroces. Rechazaba que se les calificara de esa manera y perdía la compostura cuando se le observaba que las comunidades de Urabá llamaban a sus hombres “los mochacabezas”. Pero otra cosa decía Villalba cuando recordaba los entrenamientos para descuartizar personas que recibió en la finca Las Tangas. Sabía muy bien por dónde pasar el machete y tenía claro que había que eviscerar los cadáveres y echarles piedras en el abdomen para que no reflotaran cuando eran arrojados a los ríos.
Advertía que había “algunos compañeros” mucho más turbados, como uno al que él mismo tuvo que asesinar porque acostumbraba tomarse un vaso de sangre de sus víctimas. “Incluso empezó a hacerlo en las tiendas o los bares, delante de la gente. Cargaba un termo con sangre, lo sacaba y se servía. Tocó darle de baja”, me contó Villalba con tranquilidad pasmosa en un pequeño salón de La Picota donde lo entrevisté por algo más de dos horas.
Aquellas masacres no podrán borrarse de la mente de cientos de personas que se vieron obligadas a presenciarlas. No dejarán de espantar el sueño de los familiares de los asesinados. Muchos de esos pueblos jamás volvieron a ser los mismos: la mitad de sus pobladores, o más, se resistió a regresar. Como ocurre en El Salado, después de 20 años. Las cicatrices del alma son mucho peores que las físicas, las del cuerpo.
Los testigos le relataron a EL COLOMBIANO cómo fue la masacre de El Salado.
No deberíamos permitir que la historia vuelva atrás. Que se reediten esas jornadas sanguinarias que dejaron cientos de miles de víctimas: desplazados, desaparecidos, fosas comunes clandestinas, reclutados por la fuerza, violaciones y destierros. Esas comunidades, en especial aquellas que sufrieron los rigores de la confrontación, y algunas azotadas incluso hoy por los grupos irregulares, confían en que la nación pueda construir una paz que, poco a poco, hunda en el pasado la larga noche de sangre que cruzaron. Es un deber ético y político de la nación, de sus líderes, impedir cualquier regreso a esos tiempos de horror.
Yo tampoco puedo olvidar aquellas estampidas humanas que ocurrían después de tanto sufrimiento e impiedad. Los verdugos, que acostumbraban escribir frases odiosas y provocadoras en las paredes, pusieron en varios lugares una muy propia del realismo trágico en que ha vivido este país: “MATA QUE DIOS PERDONA”.
Colombia atravesó entonces un estado de hechos salvajes, permanentes. Los seres humanos terminaron rebajados a un trato de animales. Una conversación por el radio teléfono de los atacantes en la escuela del Alto San Juan retrata aquel desprecio: “¿Me copia? ¿Cómo está el ganado allá arriba? Téngamelo ahí, que ahora vamos a hacer chicharrón”. “Afirmativo, camarada”. Los seis hombres encerrados en el aula corrieron desesperados, mientras eran deshechos por las ráfagas de fusil. Su sangre formó una película espesa sobre la que quedaron atrapadas tizas y hojas de cuaderno.
