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Ayer, en la Comisión Sexta del Senado, se aprobó en primer debate el proyecto de reforma a la Ley 30, el cual redefine el modelo de financiación de la educación y es impulsado por el gobierno actual. Si bien el país necesita una mayor inversión en las instituciones de educación superior públicas, la propuesta parece más un alivio temporal que una reforma estructural. La falta de claridad sobre los recursos adicionales, la exclusión del sector privado y la ausencia de mecanismos de transparencia generan incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema.
El eje central de la reforma es el aumento en la financiación de las IES públicas mediante recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación (PGN). Sin embargo, estos recursos han probado que no han cerrado el déficit financiero de las universidades. Según el Sistema Universitario Estatal (SUE), el déficit estructural supera los 19 billones de pesos, aunque sin soportes claros. Informes gubernamentales no han abordado el problema de fondo: ¿Cómo han evolucionado las universidades desde los años 90 y cómo las necesidades de financiamiento atienden a todas las instituciones de manera equitativa? Pese a las inyecciones de recursos, la matrícula en la educación pública no ha crecido significativamente en los últimos dos años. En países como Chile, México o Brasil, hay modelos de financiamiento mixtos y planes de inversión a largo plazo, mientras que la estrategia colombiana sigue dependiendo de ajustes presupuestales anuales, que incorpora pocos resultados de gestión.
También preocupa la distribución del financiamiento. El modelo de asignación presupuestal actual se basa en criterios históricos, profundizando brechas entre IES públicas con distintas capacidades y necesidades. La propuesta no introduce mecanismos claros de evaluación ni incentivos para mejorar cobertura, calidad y pertinencia. Sin un esquema que priorice eficiencia y sostenibilidad, el déficit estructural seguirá aumentando sin soluciones reales. Además, no se establecen indicadores precisos para medir si el esfuerzo fiscal mejora el acceso y la calidad educativa. Sin métricas claras y transparencia, el incremento presupuestal corre el riesgo de convertirse en un simple gasto sin impacto real.
La reforma debe garantizar transparencia y eficiencia en el uso de recursos, con contratos plan o acuerdos bianuales que condicionen la financiación al cumplimiento de objetivos en cobertura, calidad, investigación y eficiencia administrativa. Un modelo de financiamiento mixto, con inversión pública y privada bajo reglas claras, métricas de desempeño y auditoría independiente, permitiría optimizar los recursos y garantizar un impacto real en el desarrollo del sector educativo a largo plazo.
Finalmente, es crítica la visión limitada de la reforma sobre el sistema mixto de educación superior. Si bien el proyecto no excluye al sector privado, concentra casi todos los recursos en la base de las IES públicas, lo que podría afectar otras necesidades del sistema. Las universidades privadas han sido fundamentales en la educación superior colombiana. Según el Ministerio de Educación Nacional, alrededor del 45% de los estudiantes de educación superior en el país están en instituciones privadas, muchas de las cuales han impulsado la investigación y la innovación mediante alianzas con el sector productivo y fondos internacionales. Si las discusiones excluyen el carácter mixto del sistema, podría afectar la diversidad académica y el avance en ciencia y tecnología.
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