Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
El gobierno de Gustavo Petro ha sido una cadena interminable de abusos, incapacidades, incoherencias, sesgos irracionales y odios. Una administración que se proclama “del cambio”, pero que, en el fondo, solo ha demostrado desprecio por las instituciones que han sostenido la democracia colombiana. Sin embargo, si hubo un ámbito en el que actuó con una decisión clara, articulada y constante, fue en el sistemático y deliberado debilitamiento de la Fuerza Pública. No hubo sutileza. Se debilitaron los mandos, se irrespetó la formación castrense y se sembró desconfianza sobre todo aquel que no fuera abiertamente proclive al discurso oficial.
La comunicación no verbal de Petro durante los actos oficiales era, por sí sola, un mensaje elocuente. En la mayoría de ocasiones transmitía desprecio; en las demás, indiferencia. Su sola presencia terminaba siendo percibida como agravio por quienes visten el uniforme. Se les aumentó el salario a soldados, pero no como resultado de una auténtica política de dignificación, sino, según sus críticos, como instrumento para fomentar el enfrentamiento de clases al interior de las Fuerzas. El discurso de que “los explotaban” no era más que una cortina de humo destinada a dividir lo que siempre debe permanecer unido: la cohesión de nuestros héroes.
La desidia fue evidente. Mientras equipos y repuestos se deterioraban en hangares y bodegas, los grupos criminales multiplicaban sus recursos. Incorporaban drones, armamento moderno, nuevas fuentes de financiación ilícita y ampliaban su control territorial. Las organizaciones armadas avanzaban impulsadas por el narcotráfico, mientras el Estado parecía mirar hacia otro lado. En ese escenario, Iván Velásquez fue, uno de los principales responsables, ya fuera por sus decisiones o por sus omisiones. Representa, para quienes hacen seguimiento a su gestión, el ejemplo de una visión ideológica trasladada al manejo de la seguridad. Su administración terminó siendo vista por muchos como un proceso que debilitó la dignidad, la capacidad operativa y la moral de las Fuerzas.
Velásquez no actuó solo. A su alrededor debieron existir funcionarios que, con mayor discreción y menor exposición pública, contribuyeron a un trabajo silencioso de desgaste institucional, minando progresivamente la fortaleza y la efectividad de la Fuerza Pública. Ahora, la Fiscalía, según advierten diversos sectores, pretende dar la puntada final. Y esa puntada no sería otra que continuar la persecución contra quien muchos consideran el principal referente de la seguridad democrática, el hombre que enfrentó con determinación a las organizaciones criminales que hoy, afirman sus críticos, encuentran mayores espacios de acción.
Para esa misma visión, el contraste resulta inevitable frente a la actitud que atribuyen al actual Gobierno. La puntada final, el cierre trágico de estos cuatro años de debilitamiento institucional, sería intentar capturar a Álvaro Uribe Vélez. Esa posibilidad ha sido advertida por el propio expresidente y alimenta especulaciones dentro del debate político. Quienes sostienen esa tesis consideran que el objetivo sería producir una imagen de enorme impacto político y simbólico, el titular que cierre un ciclo de confrontación. Esa sería, según esa interpretación, la acción definitiva. El último movimiento de un gobierno que, para sus críticos, ha confundido la justicia con la revancha y la seguridad con la sumisión. El desenlace sería una persecución política revestida de legalidad, dirigida contra quien nunca cedió frente al terrorismo.
Y así llega la puntada final: el último acto de un gobierno que, según sus detractores, prefirió negociar con los violentos antes que derrotarlos y que ahora pretende eclipsar el legado de quienes sí los enfrentaron..
