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En un Estado de derecho, las garantías procesales no se conceden según el nombre del investigado, su popularidad o las pasiones que despierte. Existen precisamente para los casos difíciles, aquellos en los que la presión política, mediática y emocional puede terminar confundiendo el legítimo derecho de las víctimas a la verdad con la obligación, igualmente irrenunciable, de respetar el debido proceso.
Lo que ocurre hoy con el Presidente Álvaro Uribe obliga a volver a ese principio elemental: investigar todo, esclarecer todo, pero hacerlo ante la autoridad competente y con absoluta observancia del juez natural. La discusión actual tiene una particularidad jurídica que no puede reducirse a una maniobra defensiva. El 19 de agosto, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara aprobó por unanimidad plantear un conflicto de competencia. La razón es concreta: dentro de la investigación aparece la hipótesis de un concierto para delinquir agravado, delito permanente cuya consumación habría alcanzado 2003, cuando Uribe ya ejercía la Presidencia. La Comisión considera que esa circunstancia puede activar el fuero constitucional. La Fiscalía discrepa. Sostiene que esa prolongación no corresponde a los hechos jurídicamente relevantes atribuidos al Presidente y, por ello, afirma conservar la competencia. Hay, entonces, una controversia institucional real. No la inventó un discurso político.
Dos autoridades sostienen interpretaciones diferentes sobre quién debe investigar, y la propia Fiscalía remitió el asunto a la Corte Constitucional para que lo resuelva.Precisamente por eso resulta legítimo preguntar si una diligencia de la importancia de una indagatoria debía realizarse antes de que la Corte definiera quién es el juez natural. Es cierto que la Fiscalía invoca el artículo 97 de la Ley 600 para continuar la actuación mientras se resuelve la colisión. Pero también es cierto que el artículo 29 de la Constitución convierte la competencia y el juez natural en componentes esenciales del debido proceso. El debate jurídico existe y merece una respuesta institucional antes que una descalificación política.
También deben examinarse las pruebas con el mismo rigor. Salvatore Mancuso fue interrogado nuevamente esta semana, algunas horas antes de la citación al Presidente (lo que de entrada, ya suponía una vulneración al derecho a la defensa, pero no me detendré en eso). Según el material conocido y lo destacado por la defensa, cuando se le preguntó si le constaba que Uribe hubiera ordenado, sugerido o apoyado la operación de El Aro, respondió que no le constaba que la orden hubiera provenido directamente del entonces gobernador. Negó igualmente tener conocimiento de que Uribe hubiese participado en una reunión de planeación y dijo no saber que hubiera ordenado, sugerido o apoyado La Granja. Esto no clausura una investigación ni reemplaza la valoración integral del expediente, pero tampoco puede ser tratado como un dato irrelevante.
El problema, por tanto, trasciende a Álvaro Uribe. Una democracia se mide especialmente por la forma como administra justicia frente a quienes generan mayores divisiones. Cuando coinciden una investigación de enorme carga política, hechos ocurridos hace casi tres décadas, testimonios controvertidos y una disputa todavía pendiente sobre la autoridad competente, la respuesta institucional debería ser más garantista, no menos. La justicia pierde autoridad cuando puede percibirse que primero avanza y después resuelve las dudas sobre las reglas bajo las cuales avanzó, y cuando esas garantías se discuten, la prudencia fortalece la justicia, porque una decisión legítima exige esclarecer los hechos y preservar la limpieza del procedimiento.
Uribe lo expresó desde una perspectiva que debería servir incluso a quienes lo adversan: Frente a cualquier ciudadano prefiere defender las mismas garantías constitucionales que reclamaría para sí. Esa debería ser la medida común. Ni impunidad, ni condenas anticipadas. Ni privilegios, ni excepciones. Verdad, competencia, contradicción, juez natural y debido proceso. Las garantías no protegen solamente al acusado de hoy sino a todos los demás del poder del Estado mañana.
