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Las recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en las que afirma sin rubor alguno que el Estado ostenta la patria potestad sobre los menores de edad, encienden una alarma sobre la concepción del gobierno respecto a los límites entre la esfera privada y la intervención estatal. Más allá de una simple imprecisión jurídica, estas palabras reflejan una visión preocupante de un Estado que se arroga facultades sobre decisiones íntimas de las familias, desdibujando las fronteras entre lo público y lo privado.
La Constitución Política de Colombia es clara: la patria potestad es un derecho y deber de los padres, y solo puede ser limitada en casos excepcionales como el maltrato o el abandono. La Corte Constitucional ha reiterado que la autonomía familiar debe ser respetada, y que el Estado no puede sustituir las decisiones parentales mientras no se vulneren derechos fundamentales. Sin embargo, la afirmación del ministro Jaramillo parece ignorar estos principios, sugiriendo una intromisión indebida en la crianza y educación de los hijos.
Este episodio no es aislado. Se inscribe en una serie de acciones gubernamentales que evidencian una tendencia hacia el intervencionismo estatal en diversas esferas de la vida ciudadana. En el ámbito económico, por ejemplo, se han implementado medidas que restringen la autonomía empresarial bajo el pretexto de la vigilancia y el control, afectando la libre iniciativa y la competitividad. En el sector agrícola, aunque la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ha afirmado que el gobierno no ha realizado expropiaciones agrarias, reina la incertidumbre en cuanto al uso, goce, disfrute y disposición de los predios rurales debido a la implementación de las áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPAs.
Estas acciones, sumadas a la propuesta de una reforma pensional que centraliza la administración en manos del Estado, y a la intención de implementar decretos para modificar condiciones laborales sin el debido proceso legislativo, configuran un panorama donde el gobierno asume un rol protagónico en decisiones que deberían ser fruto del consenso y el respeto por la autonomía individual y colectiva.
La democracia se sustenta en el equilibrio entre el poder del Estado y las libertades de los ciudadanos. Cuando ese equilibrio se rompe, y el Estado se erige como árbitro supremo de la vida privada, se socavan los principios fundamentales de la convivencia democrática y los derechos irrenunciables. Es imperativo que se restablezcan los límites claros entre la autoridad estatal y la autonomía de las personas y las familias, garantizando que las políticas públicas y las decisiones de gobierno se formulen con base en el respeto, el diálogo y la participación ciudadana.
La “potestad de la patria” no puede convertirse en un eufemismo para justificar el control absoluto del Estado. Es responsabilidad de todos, como sociedad, velar por que la libertad, la dignidad y los derechos fundamentales no sean erosionados bajo la sombra de un intervencionismo desmedido.
*Presidenta Ejecutiva Proantioquia
