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Decía el doctor Carlos Gaviria Díaz, notable magistrado de la Corte Constitucional, que la democracia no es la sumatoria de las mayorías sino la sumatoria de las diferencias. Nada más apropiado para expresar lo que significa la unión de 9 aspirantes en la llamada Gran Alianza por Colombia de la que se espera salga, en la consulta del 8 de marzo, un candidato único a la presidencia.
Aparte de la coincidencia en los siempre presentes buenos propósitos – acabar la corrupción, eliminar la pobreza, reducir la desigualdad, abaratar el mercado, educación de calidad, vivienda digna, etc., etc. – el común denominador de esta Alianza, el que justifica su existencia, debe ser el respeto, acatamiento y defensa de los principios que definen un orden político republicano, liberal y democrático: el monopolio estatal de la fuerza legítima en el territorio, el principio de legalidad y la responsabilidad democrática.
Con política de “paz total” y la contemporización con las bandas criminales, el gobierno de Petro, continuando con lo ya iniciado con los acuerdos de La Habana de Santos, ha deslegitimado a las Fuerzas Armadas, tratando de ponerlas como un grupo armado más, al servicio de los intereses políticos de la izquierda comunista, y dejado buena parte del territorio a merced de las bandas criminales.
El sometimiento de los Organismos de Control, la intimidación y captura de las Altas Cortes, el recurso arbitrario y recurrente a los estados de excepción y el abuso de la facultad reglamentaria del ejecutivo, el gobierno de Petro está destrozando la separación de poderes sin la cual el principio de legalidad es un cascarón vacío. La ley deja de marcar límites a la acción del gobierno y es la acción del gobierno lo que define lo que es legal.
El legislativo independiente, la libertad de prensa y, sobre todo, las elecciones periódicas libres son los tres mecanismos de responsabilidad democrática. El gobierno de Petro la ha emprendido contra todos con la corrupción, intimidación y chantaje al Congreso; el ataque a medios y a periodistas y la utilización abusiva de los medios del gobierno y las presiones y amenazas a los organismos del poder electoral, Registraduría y CNE.
En su momento, cuando Colombia era vista por el mundo como un estado fallido, Uribe sintetizó, en la afortunada fórmula de Seguridad Democrática, el compromiso con la defensa y restauración de los tres principios fundamentales del orden republicano, liberal y democrático. Es por eso que Paloma Valencia, a nombre del Centro Democrático, hace parte de esa Gran Alianza y su deber liderarla sin vacilaciones doctrinarias ni concesiones casuísticas a quienes son incapaces de entender la gravedad del momento político por el que atraviesa el País. Paloma está llamada a detener la marcha hacia el totalitarismo propiciada por Santos, empezada por Petro y continuada por Cepeda si llega al poder. Hay que oponerse al crecimiento del tamaño del gobierno y al debilitamiento de la actividad privada, hay que oponerse a la acumulación de poder en el ejecutivo y a la desaparición de la división de poderes.
