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El país acaba de presenciar con asombro la actitud revanchista e improvisada del gobierno nacional al intervenir EPS para asumir su control y de tratar de quitarle sus funciones esenciales por la vía de decretos reglamentarios, como respuesta al anunciado fracaso de su reforma a la salud.
Si bien es cierto que en las democracias el último responsable de aprobar una ley es el Congreso de la República, en este caso le cabe mucha mayor responsabilidad al ejecutivo de no lograrlo. Desde el presidente, hasta su equipo ministerial, quienes inexplicablemente quisieron imponer a la brava una reforma de enorme trascendencia para los colombianos, resultado quizás de su inexperiencia, pero también de su arrogancia.
No tuvieron en cuenta y ni siquiera se tomaron la tarea de escuchar y plantear alternativas de solución, a las preocupaciones de diferentes actores, en especial de pacientes, el gremio médico y expertos en este tema, frente a quienes primó la descalificación. En múltiples ocasiones estos grupos de ciudadanos advirtieron desde un inicio la inconveniencia de esta reforma dadas sus falencias conceptuales, metodológicas y financieras.
El gobierno incurrió en tres errores fundamentales. El primero, fue incapaz de explicar, luego de convencer y finalmente de conciliar con quienes no estaban de acuerdo, por qué era necesario desmontar de un tajo el sistema de salud existente, que a pesar de sus dificultades ha mostrado resultados incontrovertibles.
El segundo, no pudo dilucidar las razones fácticas universal y localmente contrastables para asegurar que su propuesta de modelo de salud sería superior al existente como para justificar su reemplazo, o que al menos resolvería los problemas del modelo actual. Y finalmente, le faltó lo más importante al no ser capaz de hacer un planteamiento claro, viable y creíble de cómo, en cuánto tiempo y a qué costo, se iban a conectar los dos modelos, es decir, la transición desde uno viejo a uno nuevo supuestamente mucho mejor, sin que en el entretanto se pusiese en riesgo la salud de los pacientes.
Lo que sí fue evidente fue la improvisación técnica y política que denota un equipo de gobierno inexperto y por ello en ocasiones imprudente, que dio señales de desconocer desde los aspectos técnicos y operativos que fundamentan los sistemas de salud, hasta ignorar los principios básicos de la discusión democrática. Estas falencias las pretendieron reemplazar por credos colectivistas que pregonan la superioridad moral de lo público sobre lo privado, y entregando dádivas burocráticas a los legisladores que al final no les dieron resultado.
No hay que “buscar el ahogado aguas arriba”, si aquí hay un indiscutible responsable del fracaso de la reforma es el mismo gobierno con su actitud, en la que trató de mezclar equivocadamente doctrinas foráneas basadas en un resentimiento en contra del empresariado, adobados con la inexperiencia del equipo encargado de hacerlo. Ojalá escuchen y reflexionen en el nuevo proceso de construir por consenso una reforma que el país sin duda necesita.
