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El sistema de gobierno presidencialista, a diferencia del sistema parlamentario, se caracteriza por una gran concentración del poder en cabeza del presidente de la República, en quien recae la jefatura del Estado, del gobierno y de la administración, lo que significa, una marcada intervención político-administrativa, que se racionaliza y atempera mediante el ejercicio adecuado del control político por parte del congreso y el control jurídico a cargo de las autoridades judiciales.
Los gobiernos presidencialistas, especialmente en países en desarrollo, como el nuestro, experimentan una marcada tendencia a incrementar la concentración de poderes y a su vez, disminuir los factores de control que se expresan por parte de las demás ramas del poder público y de los órganos encargados del control disciplinario, fiscal y jurídico, en general. El aumento del poder de decisión y acción, en concordancia con la disminución de los frentes de control, hacen que el sistema presidencialista degenere en un presidencialismo cada vez más autoritario.
El esquema del presidencialismo supone una reducción de los pesos y contra pesos entre órganos de poder, que giran hacia la única esfera autoritaria que se desarrolla teniendo como fuente, la voluntad del presidente. Éste absorbe el trabajo del congreso, asumiendo buena parte de la actividad legislativa, mediante la expedición de decretos autónomos, de excepción o extraordinarios, sobre temas que normalmente corresponden al ámbito de competencias del legislador. A través de inesperadas coaliciones, el presidente termina siendo el caudillo del congreso.
De la misma manera, mediante mecanismos de absorción política, el gobierno busca apoderarse de los órganos superiores de la justicia, así como de los encargados de las distintas formas de control.
El presidente, con la intervención de sus ministros, busca “convencer” a legisladores y magistrados, sobre que la mejor forma de actuar, es de acuerdo con la voluntad del mandatario, quien muy pronto terminará por apropiarse de todas las estructuras, haciendo inocuo cualquier sistema de control, independiente de su consagración constitucional o legal.
En este contexto, solo queda una posibilidad: La sociedad civil. Ésta debe actuar a través de las formas institucionales, en el caso del congreso, mediante su participación en los diferentes procesos electorales, interviniendo activamente en la elección de congresistas capaces de mantener una independencia activa frente al exagerado poder del ejecutivo, actuando mediante un estudio serio y razonado de las distintas propuestas y proyectos presentados por aquel.
El congreso, de manera similar a como vienen haciéndolo las altas cortes, tiene que demostrarle a la ciudadanía que es capaz de actuar con autonomía e independencia, frente al poder casi omnímodo que pretende el jefe de estado.
Las altas cortes y en general el sistema judicial, los órganos de control y el congreso, constituyen la esperanza de la sociedad, de mantener un poder serio y controlado política, fiscal y jurídicamente, y el punto de partida está en la elección de congresistas que sean personas probas, autónomas, de reconocida moralidad administrativa. No se trata de elegir a cualquiera, sino a los mejores ciudadanos.
