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Columnistas | PUBLICADO EL 20 febrero 2022
Los Amar
Por Bernardo A. Guerra Hoyos-cerocorrupcion@bernardoguerrahoyos.com
Los funcionarios y contratistas de la alcaldía de Medellín llevan varios meses cosechando fracasos en su estrategia de utilizar la acción de tutela como medio de disputa política. A los pocos y muy extraños resultados favorables que han exhibido con visible exageración les precede normalmente un vergonzoso cúmulo de desaciertos.
Se han dedicado a perseguir y maltratar ciudadanos e instituciones a través de las redes sociales al tiempo que se declaran víctimas de “injurias” y “calumnias” de quienes ejercemos control político y social, con el agravante de que acuden a la justicia para tratar de silenciar voces críticas y a la prensa vigilante creyendo que los que violan la Constitución y la Ley son los que controlan el poder y no quienes lo ejercen abusivamente.
La más reciente de las osadías judiciales de los cuestionados socios de Quintero resultó tan mal como casi todas sus anteriores. Los hermanos cartageneros César y Darío Amar Flórez intentaron en mi contra acciones de tutela reclamando sus derechos a la honra y al buen nombre porque en unos trinos que publiqué, en la red social Twitter, hace varios meses señalé que están detrás del empalme y de algunos de los cuestionables contratos y nombramientos de esta administración, además de los seguimientos ilegales que realizó la administración municipal a los opositores políticos a través de perfilamientos que realizara la empresa Selecta Group (cuyos representantes legales son su padrastro y su señora madre), pagados por TeleMedellín.
En la tutela argumentaron que no tenían relación alguna cercana con la alcaldía de Medellín y que era falso que tuvieran algo que ver con los seguimientos y perfilamientos de opositores.
Para desmentir semejante cinismo bastaba exhibir documentos públicamente conocidos que acreditan que Darío es vicepresidente de Innovación y Tecnología de EPM, miembro de las juntas directivas de Ruta N, Empresas Varias y Afinia, y que César es miembro de junta de la Agencia para las Alianzas Público Privadas, donde se mueven millonarios negocios. Los influyentes hermanos tienen amplios vínculos con la empresa Quipux, operadora del leonino contrato de foto multas.
Recientemente, el Juzgado 31 Penal Municipal de Medellín negó la tutela al considerar que las afirmaciones que mortificaban a los hermanos estaban debidamente sustentadas.
El control ciudadano del poder y la denuncia de la corrupción suelen tener la misma respuesta de siempre, que consiste en la utilización de la Justicia como un medio de acoso para la distracción y el encubrimiento.
La estrategia de la alcaldía cada vez sirve menos porque los jueces reconocen que es el poder administrativo el llamado a rendir cuentas y a tolerar el escrutinio y la crítica. La tutela se hizo para la protección de los derechos de los ciudadanos, siendo uno de los más sagrados el de la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de denunciar la corrupción.
Post Scriptum: ¿Los 315 millones de pesos diarios recogidos en promedio por evadir la norma de pico y placa a qué campaña están yendo a parar?
