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Estamos a tres meses del debate electoral regional y la situación de orden público sigue siendo delicada. La “paz total” no funciona por lo desproporcionado de sus acciones y metas. Las ciudades capitales sufren la inseguridad como pocas veces la habían sentido, por la abundancia de combos delincuenciales. Caen ciudadanos inermes, líderes regionales políticos y sociales, con la impotencia y rabia de ver al frente de los actores criminales a una policía vacilante, maniatada, sometida a disposiciones humillantes de un gobierno arbitrario.
Quienes tienen en sus manos el uso legítimo de las armas, poder que le otorga el Estado a la fuerza pública, no al pueblo, como lo proclama Petro retorciéndole el pescuezo a la Constitución, deben conformarse a mirar con debilidad normativa los desbordamientos de la delincuencia en todas sus formas. El mandato constitucional de la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos se va quedando en letra muerta.
La ONU, a través de su Misión de Verificación Internacional, acaba de lanzar alertas para denunciar la crítica situación de la violencia que cubre a cerca de la mitad de los departamentos del país. Según datos de ese organismo, “entre enero y mayo de este año se registró el desplazamiento de 19.980 personas y el confinamiento de otras 18.798 en 14 de los 32 departamentos colombianos”. Además, en tan preocupante contabilidad humana, esa Misión – que no conforman propiamente derechistas de tuerca y tornillo – habla de 22 masacres y el asesinato de 57 líderes sociales. Para los investigadores vuelven a tener presencia las minas antipersona, condenadas por el derecho internacional humanitario.
Pero la cadena de denuncias de la crisis del orden público no para allí. La procuradora denuncia que “hay 110 personeros municipales amenazados y varios alcaldes que intimidados, están ausentes de sus despachos. Grupos criminales imponiendo candidatos, amenazando al elector”. El mismo gobierno contabiliza que mientras en los 12 meses del año pasado los secuestros afectaron a 55 personas, en solo los primeros seis meses de este año subieron a 144. Con el agravante de que no hay estrategia alguna para implantar política de seguridad. Ciudades y campos vuelven a ser cotos de caza para los actores de la violencia.
En Colombia es como si se quisiera desaparecer al Estado como garante de la seguridad ciudadana. El poder de un Estado fuerte pero legítimo va perdiendo terreno. La impunidad sigue cobijando el mapa judicial. Se sabe que el 95% de los delitos no tiene captura de sus perpetradores y en el 5% restante los capturados gozan de libertad a las pocas horas, para completar esta danza de impunidad.
El mismo secretario general de la ONU urge al gobierno Petro a “tomar todas medidas necesarias para preservar la celebración de las elecciones”. Unas elecciones que en los últimos años han estado regidas por las dudas acerca de la probidad de la Registraduría Nacional y de la seguridad ética de la financiación de partidos y candidaturas protagonistas de las contiendas electorales.
