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Ser profesor en este país implica acomodarse en un estado habitual de indefensión e incertidumbre peor que el de entrenador de fútbol, al que, tal vez por eso, se le llama profe. En los casos de conflicto con estudiantes, papás o directivos, se rompe la cuerda por lo más débil, así como el técnico de un equipo es el perdedor si aparecen resultados negativos. Llámese profe, maestro, docente o como sea, en cualquiera de los niveles del proceso educativo, el responsable de enseñar está desprotegido por la legislación y la costumbre y se sabe que está sentenciado al sacrificio, además de la subestimación por la ausencia de un régimen que le garantice sus derechos, la negligencia de los llamados a defenderlo y la agresividad creciente de alumnos crispados y prepotentes capaces del atentado físico, tal como le ocurrió en estos días a una profesora en un colegio de Bogotá, castigada por una alumna energúmena y por la indiferencia cómplice de los demás estudiantes.
Si de lo que va a tratarse en la anunciada reforma educativa es de un cambio integral de la estructura normativa compendiada sobre todo en la ya vieja Ley 30, deben el gobierno y el Congreso, con la aportación de todo el sector educativo, empezar por la dignificación del trabajo docente, para que deje algún día de ser alabado por apologías sólo retóricas. El estamento docente exhibe deficiencias de formación, carece de suficiente personal de apoyo, recibe remuneraciones bajas, sus oportunidades de cualificación escasean, es subvalorado por muchos estudiantes y se desmotiva para ejercer una misión de todos modos inmensa.
El caso de la profesora de Bogotá no es único. Representa un episodio extremo de la situación del profesorado colombiano desde el preescolar y la primaria, hasta el bachillerato, el pregrado y el posgrado. Al riesgo latente de agresión física por la insolencia de muchachos y muchachas malcriados y en trance de cretinización por el uso enfermizo de celulares se les suman incontables situaciones de irrespeto y desconocimiento de la autoridad del saber. Por ejemplo, cuando en un establecimiento de educación necesitan hacer economías, casi siempre se empieza por recortar profesores, sobre todo externos o de cátedra, sean cuales fueren sus categorías y rangos en el estatuto docente, e incrementar el trabajo instruccional de los internos. El trato inequitativo a docentes apenas influye de modo marginal en los puntajes de acreditación institucional o en la carrera alucinada por subir en los ránquines nacionales e internacionales.
De la esperada reforma a la ley de 1992 hay que reclamar que se avance no sólo en la calidad, la cobertura y la pertinencia de las universidades, la financiación y demás normas. Que surja, ojalá, de la participación auténtica de las comunidades educativas y que sea modelo para el replanteamiento de todo el sistema de educación. Y que le devuelva a la profesión docente la jerarquía social y la respetabilidad que merece, para que deje de ser sólo una vocación sacrificial.
