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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se ha convertido en un instrumento de persecución del Gobierno Petro. Hoy basta un trino del presidente para que la superintendente Rusinque ordene inspecciones y actuaciones que muchas veces terminan bordeando los límites de la Constitución y la ley.
No es preocupación infundada. La Procuraduría sancionó, en primera instancia, a 16 funcionarios y contratistas de la SIC por extralimitación de funciones en visitas e inspecciones, incluyendo acceso indebido a información de la Registraduría y Cancillería. Hechos que encendieron las alarmas sobre el uso arbitrario del poder administrativo y la ausencia de garantías procesales.
Para corregir estos vacíos, junto a la representante Carolina Arbeláez, radicamos un proyecto de ley que busca establecer garantías en la averiguación preliminar en procesos administrativos sancionatorios, relacionados con protección de la competencia y libre mercado. La reacción de Rusinque fue inmediata. Según ella, representa “una nueva maniobra para debilitar a la SIC, poniendo en riesgo la lucha contra la corrupción económica, el interés general y los derechos de los consumidores”.
Nada más equivocado. Exigir reglas claras y respeto por el debido proceso no debilita las instituciones, las fortalece. Esto se logra con actuaciones ajustadas a la Ley, no evadiendo el escrutinio ni actuando bajo interpretaciones discrecionales. Tener procedimientos claros no es un ataque institucional: es la esencia del Estado de derecho. Ninguna autoridad puede actuar sin controles, ni pretender que cualquier cuestionamiento constituye un atentado contra el interés general. Este proyecto no elimina facultades para investigar prácticas anticompetitivas, ni limita capacidad sancionatoria. Busca procedimientos claros, seguridad jurídica y respeto por derechos fundamentales de los investigados. Actualmente, el procedimiento opera bajo instructivo interno y no bajo regulación legal robusta. Ese vacío genera riesgos jurídicos y deja expuestas actuaciones de la entidad a eventuales nulidades. Corresponde al Legislativo intervenir y reglamentar el procedimiento.
Propuestas de la iniciativa: 1. Fija un término máximo para averiguación preliminar de 6 meses, prorrogable por otros 6, para decidir si se abre investigación o se archiva. 2. Garantiza derecho a la defensa permitiendo la participación del implicado desde la etapa preliminar antes del pliego de cargos. 3. Regula visitas de inspección para que se realicen bajo reglas claras: carácter excepcional, motivación obligatoria, funcionarios identificados y límites a revisión de dispositivos personales. 4. Prohíbe acceso a información protegida por secreto abogado-cliente en inspecciones y actuaciones, reforzando el secreto profesional. Ningún gobierno puede utilizar el aparato institucional para intimidar al sector privado. Colombia necesita seguridad jurídica, debido proceso y reglas para recuperar la confianza y atraer inversión. Sin instituciones imparciales no hay libertad económica, y sin libertad económica no hay democracia sólida.
