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El penalista y próximo Ministro de Justicia, Iván Cancino González, presentará una reforma a la justicia. La propuesta no es oficial, pero fuentes del gobierno indican que estos serían algunos de los temas incluidos.
Busca impulsar una revisión al Código Penal para sacar conductas que no requieren persecución penal y aliviar la crisis carcelaria. Desde una visión garantista, considero que existen conductas penales que no deberían conocer la justicia penal. El derecho penal es la “última ratio” y la mínima intervención debe entenderse como último recurso del Estado, cuando no existan otras medidas en el derecho civil o administrativo; la cárcel debe reservarse solo para conductas que atenten gravemente contra bienes jurídicos.
El delito de Omisión de Agente Retenedor debería salir del código penal: la pena de prisión no puede ser la solución a un problema de recaudo fiscal. En estos procesos, la Fiscalía opera más como “cobrador” de la DIAN que, como ente acusador, usando la amenaza de prisión para forzar el pago del empresario.
Una de las propuestas más cuestionadas es eliminar la audiencia de imputación para saltar a la acusación. Me parece arriesgado eliminarla, no se puede medir con la misma vara la “inferencia razonable” requerida para imputar, frente a la solidez probatoria y “vocación absoluta de prueba” que exige una acusación.
En la imputación, la Fiscalía solo cuenta con 36 horas para reunir elementos materiales probatorios y lograr, con inferencia razonable, la imposición de una medida de aseguramiento. En ese tiempo será difícil obtener pruebas técnicas contundentes —como la extracción forense de datos de un celular— en delitos que exigen pruebas más técnicas y mayor tiempo para resultados. Sin el tiempo que antes tenían los fiscales para llegar con solidez a la acusación, deberán buscar herramientas eficaces para lograrlo; de no hacerlo, abrirán la puerta a la impunidad o irán a juicio sin solidez probatoria para un fallo condenatorio.
Se incluye capacitar a la policía judicial, medida acertada que evitaría errores en capturas, registros y allanamientos, disminuyendo las declaratorias de ilegalidad. En delitos contra el patrimonio, se propone exigir que el procesado que quiera acceder a medidas no privativas de la libertad garantice 50% de la pretensión económica de la Fiscalía, funcionando como caución real en protección de víctimas y evitando que el procesado huya sin reparar el daño económico. Eliminar el Ministerio Público del proceso debe estudiarse con cautela, el procurador es “tercero imparcial” que vigila derechos fundamentales; cierto que en la práctica su participación es mínima, al no ser obligatoria ni vinculante.
Fortalecer los preacuerdos, bajo criterios de proporcionalidad entre colaboración del procesado, daño causado y reparación a las víctimas, es otra propuesta para potenciar la justicia restaurativa, agilizando el proceso penal y haciendo justicia. El designado Ministro de Justicia aún no asume una postura clara frente a la Jurisdicción Especial para la Paz; se sabe que mantendrá una veeduría y seguimiento crítico a dicha jurisdicción.
PD. Espero que la JEP se mantenga, se respete y se fortalezca. El tiempo que le queda de funcionamiento debe cumplirse, por el bien de las víctimas, de los comparecientes, y del país.
