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Para los colombianos, el martes fue una noche triste. La Selección acababa de quedar eliminada del Mundial, y millones de personas que no se conocen, que votaron distinto y que llevan vidas que no se tocan, sintieron lo mismo al mismo tiempo. Duró poco, pero fue real, y fue de todos.
Ese mismo martes, el presidente saliente volvió a declarar ilegítima la elección que perdió su candidato y convocó a la movilización del 20 de julio. Dos cosas ocurrieron el mismo día y conviene distinguirlas: una es una desilusión deportiva; la otra decide si el gobierno de Petro acata el resultado o lo desconoce.
Tengo la tentación, como muchos, de creer que el fútbol nos une y que esa unión nos salvará de la política. No es así. La coincidencia de fechas es solo eso; lo que ambas escenas comparten es una lección sobre los sentimientos colectivos: la emoción del estadio, la de la plaza o la de los movimientos políticos puede ser sincera y masiva, y aun así no produce legitimidad. Un resultado no se acata porque nos alegre ni se desconoce porque nos duela: se acata porque se llegó a él por las vías que la ley dispuso y porque cualquiera puede comprobar que así fue.
Lo diría igual si los papeles estuvieran cambiados: si el otro candidato hubiera ganado por el mismo margen y el partido contrario gritara fraude, escribiría esta misma columna. Lo que distingue a una nación de una multitud no es lo que siente al mismo tiempo: es que puede verificar, cada quien por su cuenta, aquello que la gobierna. Y este resultado se puede verificar. Las actas E-14 están publicadas mesa por mesa, firmadas por jurados sorteados y vigiladas por testigos de ambas campañas; el escrutinio de los jueces confirmó el preconteo —cerca de 250.000 votos de diferencia—, y la coalición del Presidente retiró reclamaciones antes de que se proclamara el ganador. Ese mismo escrutinio, en 2022, le devolvió a esa coalición más de 400.000 votos al Senado. Quien hoy sospeche un error tiene abierta la vía judicial, ante jueces que pueden corregirlo.
Colombia atraviesa un momento difícil, con el riesgo de una crisis constitucional. Les corresponde a las autoridades ejercer, dentro de la ley, la autoridad que la Constitución les confió y defender los mecanismos dispuestos para elegir a quien gobierna. Y nos corresponde a los ciudadanos una tarea silenciosa: desconfiar cuando alguien nos pida sentir en lugar de comprobar. Un país no se sostiene sobre la indignación de una noche ni sobre el parecer de un movimiento político; se sostiene sobre sus instituciones, son esas las que hay que salir a defender.
El 7 de agosto habrá un nuevo presidente porque así lo decidieron las urnas, y el 20 de julio habrá marchas porque así lo permite la misma Constitución que ordena entregar el poder. Que ambas cosas puedan ocurrir en paz es la democracia que nos corresponde defender. La tristeza del martes se pasará; las instituciones, si las cuidamos, se quedan. Y esa permanencia ,y no un marcador, es lo que nos hace uno.
