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Al canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, le importan menos que un bledo las leyes, pese a que es abogado javeriano y durante más de tres décadas perteneció al partido Conservador, el del orden y la institucionalidad. La larga trayectoria oficial de Leyva, desde joven secretario privado de Misael Pastrana en su presidencia de 1970 hasta senador, ministro y precandidato presidencial no parece haber existido. Poco representan hoy para él las leyes y la Constitución, de la que es coautor pues ocupó curul en la Constituyente de 1991.
La Ley no es con Leyva, según sus actuaciones en un sonado pleito contractual, el de la licitación para producir los pasaportes. En esta columna en mayo pasado se hicieron las primeras observaciones respecto del polémico avance de ese negocio, tasado en $600 mil millones, en el que Leyva decidió – por sí y ante sí – declarar desierta la adjudicación pese a que el único proponente, Thomas Greg & Sons TGS – había cumplido con todos los requisitos exigidos. Y lo hizo en un extensísimo documento que revocaba todo lo que sus funcionarios habían hecho; Leyva los señaló de haber delinquido. Sin embargo, diversos juristas externos conceptuaban que esa decisión era claramente ilegal y nos saldría costosísima.
Y así vamos. En uso de todo su derecho, TGS redactó su demanda por más de $117 mil millones, que incluyen lucro cesante por no recibir el contrato más los perjuicios. Con juicio responsable, la directora de Defensa de Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora y su equipo conceptúan que deben conciliar para evitar mayores costos al erario. TGS acepta reducir el valor y la Procuraduría también apoya el acuerdo.
Leyva entró en cólera y en estado de absoluto desprecio por su cargo, las leyes y la plata de todos los colombianos. “¡A mí que me importa que condenen al Estado! Con lo que se demora un proceso en Colombia; ¡notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto!”, fue uno de sus gritos contra Zamora en los pasillos del Casa de Nariño, según narración del periodista Daniel Coronel.
Pero, en términos puramente maquiavélicos, Leyva tiene razón. Para sus intereses como individuo y los de su jefe Gustavo Petro, a quien él dice estar defendiendo en este pleito, de firmarse la conciliación quedará en evidencia lo que es evidente: que estaba errado jurídicamente y que TGS debía recibir el contrato. Y con ello Leyva tendría que responder ahora con su patrimonio por ese detrimento multimillonario; el gobierno quedaría obligado a repetir ese costo contra su Canciller. Lo que busca con sus gritos es que no se concilie, TGS deba demandar y, considerando la lentitud judicial, cuando quede en firme la condena al Estado sí haya que notificarlo en el cementerio. Tiene 81 años.
Más absurdo es que, al no adjudicarse la licitacións, TGS sigue produciendo los pasaportes gracias a un contrato de urgencia manifiesta por $199 mil millones para un año mientras se abre la nueva licitación. Está claro que para Leyva y Petro nuestra plata y las leyes valen lo mismo, un bledo.
