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Mientras el Congreso, los medios y parte de la opinión pública estábamos distraídos en la bizantina discusión por el sitio de la posesión presidencial, desde la Corte Suprema de Justicia me permitieron revelar al país —por la saludable gracia de la violación de la reserva sumarial y amparado en la reserva constitucional de las fuentes— lo que hemos sospechado, pero de lo que no había pruebas: que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no ha sido más que un apéndice del Ejecutivo, un despacho anexo a la Casa de Nariño, y un ente incestuoso también con el alto poder judicial.
Llamarla, como se ha hecho desde hace décadas, la “Comisión de Absoluciones” es el término acertado para este engendro jurídico cuya sola existencia es un abuso del poder de quienes nos representan en el Estado; mientras la Carta Política reza, sin derecho a interpretación, que todos los colombianos nacemos libres y somos iguales ante la ley, esa pretendida igualdad muere en subsiguientes artículos en los que se le da vida al esperpento y a sus trámites. Seguro, no dudo, fue buena la intención de los constituyentes al crear esta figura en aras de preservar el orden e impedir que la decisión de un juez ordinario o un fiscal traumatice al país tomando alguna medida judicial contra el primer mandatario. Pero se les fue la mano; de un lado, incluyendo bajo esa protección a magistrados de las cortes y al Fiscal General, y de otro, extendiendo ese blindaje más allá del periodo presidencial, e incluso a hechos pretéritos que hubiesen cometido los aforados. El mecanismo queda así aceitado: la Corte Suprema investiga a congresistas y estos investigan a los magistrados; el Congreso investiga al Presidente y este reparte el poder con ellos.
Esa incestuosa relación que nació de allí, y que ha perdurado desde su creación, por fin la podemos observar ahora con el proceso que se adelanta en contra de la expresidenta de esa Comisión, Gloria Arizabaleta, y la revelación del auto que la llama a indagatoria. El país no es consciente de la enorme gravedad de lo que allí se encontró y se dice. Veamos. Mientras adelantaba sus tareas de “investigación” en contra de Gustavo Petro, presidente de la República, por los delitos cometidos en la financiación de la campaña de 2022, esa fiscal —Arizabaleta— se reunía a manteles en salones reservados de restaurantes, en su casa para desayunar por más de 4 horas y en el despacho presidencial, con el abogado defensor de su investigado y con dos altos funcionarios, subalternos de ese procesado, en la misma casa presidencial. Y ello ocurrió, al menos, durante los recientes 7 meses, reuniones en las que la investigadora hacía exigencias, mandaba mensajes corruptos y pedía “millones” a cambio de favorecer con sus decisiones al procesado Petro. Y se cruzaba favores con el abogado, en un trato excesivamente cariñoso.
Ante la evidencia, saltó a posar de víctima el abogado incestuoso, Alejandro Carranza, apoderado de Petro y de su hijo Nicolás, quien ha sido favorecido con multimillonarios contratos del gobierno y cuya esposa llegó a un alto cargo de la Aerocivil sin experiencia alguna. Tanto Carranza como el exministro de Hacienda, Germán Ávila, y la exdirectora del DAPRE, Nhora Mondragón, tienen muchas explicaciones para darles al país y a la justicia. Se reunieron en privado con la corrupta congresista, le recibieron sus pedidos, se los tramitaron con eficacia y prontitud, pero solo cuando esta montó en cólera por un incumplimiento burocrático, y quiso suspender - absurdamente - al jefe de todos (Petro), ahí sí se decidieron a denunciarla como extorsionista. Este aberrante caso también nos deja la inquietud del porqué la Corte, al llamar a indagatoria a Arizabaleta, no dispuso que la Fiscalía investigue a Carranza, Ávila y Mondragón. Magistrados, están a tiempo de corregir ese desatino. Hay más nombres allí.
