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Columnistas | PUBLICADO EL 10 febrero 2021
La “bomba” del DAS
Por Ana Cristina Restrepo j.redaccion@elcolombiano.com.co
Diciembre 6 de 1989: 500 kilos de dinamita destruyen el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), 63 muertos, 600 heridos; el objetivo, Miguel Maza Márquez (MMM), director de la institución, queda ileso.
El reciente llamado de la Jurisdicción especial para la paz (JEP) a MMM es parte de la onda expansiva de una “bomba”, oculta durante 35 años en la historia colombiana, que apenas estalla: el genocidio por razones políticas del partido Unión Patriótica (UP).
En 2019, la JEP abrió el Caso 06 de victimización de miembros de la UP. Militares como Jaime Uscátegui o Rito Alejo del Río son apenas dos ejemplos de los vínculos del Estado con esta persecución sistemática que superó la capacidad y voluntad de la Fiscalía. En 246 sentencias se había condenado a dos agentes del DAS, diez de la Policía y dieciséis miembros del Ejército.
La impunidad del 97,6 % llevó a los sobrevivientes a los estrados internacionales: esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició un debate sobre la responsabilidad de estos hechos que sucedieron durante más de veinte años, en más de quince regiones, con modus operandi que abarcaban desde masacres y magnicidios hasta desapariciones y exilios.
Aunque la Fiscalía registra 1620 víctimas desde 1984, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Corporación Reiniciar estiman que fueron más de 6000. Dos candidatos a la presidencia, ocho congresistas, trece diputados, setenta concejales y once alcaldes fueron asesinados por su pensamiento político.
Ayer iniciaron las versiones reservadas: solo las víctimas accederán a esos testimonios que serán contrastados con fuentes de origen diverso (oficial y civil), como los paramilitares que provienen de Justicia y paz.
Frente al exdirector del DAS, el gran desafío de la JEP excede a la determinación de una pena: MMM va a morir privado de la libertad (permanece en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, refugio para delincuentes “de primera”). Este es un criminal de 79 años, condenado a treinta de prisión por el asesinato de Luis Carlos Galán: cualquier castigo adicional parece accesorio. Intentó ingresar a la JEP por ese magnicidio, pero lo rechazaron por no estar vinculado al conflicto. Ahora lo llaman para que responda por el Caso 06 puesto que dirigió el DAS entre 1985-1991, período crítico de la persecución. ¡Sus incentivos para hablar son nulos!
La tarea de la JEP con MMM se concentra en el juicio moral, para la Historia y, si acaso medio abre la boca, procurar algo de verdad con la reparación que ella implica (más allá de lo material): encender los reflectores sobre las llamadas “fuerzas oscuras”.
Poner el genocidio en el centro de la conversación pública es el primer acto de justicia con las víctimas propias y ajenas al partido porque, valga decir, “en el camino” del exterminio hubo incluso niños asesinados.
¿Quiénes, en la punta de la pirámide, estuvieron detrás de operaciones como El baile rojo, el Plan Esmeralda y el Plan retorno? ¿Conoceremos las responsabilidades reales de grupos paramilitares, narcotraficantes, delincuencia y guerrillas?
¿Cuándo sabremos del papel de los empresarios?
Desde 1985, una “bomba” escondida ha dejado miles de muertos, familias fracturadas y exiliadas. El desafío máximo del Caso 06 es transformar la narrativa oficial, recuperar la memoria colectiva de quienes, desde un lugar despojado de poder, quisieron participar y construir a través del ejercicio la política
