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La consulta popular decretada por el presidente de la república en lo que se ha conocido como el “decretazo”, sacudió la institucionalidad como la conocíamos. Los pesimistas declararon el fin de la democracia, los realistas un grave peligro y los optimistas, como yo, vemos el gran momento de las instituciones; su estrellato.
El ministro Armando Benedetti quiso menospreciar al Registrador Nacional, llamándolo un “operador logístico” cuando este último decidió, en buena hora, suspender cualquier trámite para organizar la consulta popular.
Yo en cambio, considero el operador logístico de vital importancia. Es quien asegura que la ejecución se lleva a cabo de manera confiable. Sin el operador logístico de nuestro ordenamiento legal, no hay República. Si la democracia es un valor, el Registrador Nacional es el transportador de valores, la Constitución Nacional es el camino, y las Cortes, el escolta.
El Registrador Nacional no sólo no excede sus funciones, si no que nos da un ejemplo magistral de uso articulado de nuestra institucionalidad. Sopesa la falta de tiempo para que el Consejo de Estado se pronuncie sobre las distintas implicaciones legales del decretazo y entiende que una vez celebrada la consulta en este contexto atropellado, nos vulnera derechos que no podrán ser reparados. Convoca al Consejo de Estado, a la Procuraduría y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para que se pronuncien sobre la constitucionalidad del decreto, antes de avanzar, evitando una “anarquía constitucional”. Operador logístico impecable y confiable.
Ahora hablemos del camino. Quienes participaron en la construcción de la Constitución del 91, de todas las esquinas políticas, concebían las instituciones “para que el poder no dependa de la voluntad de los hombres” (Carlos Gaviria) ni se imponga “por las armas, sino por la legitimidad de las instituciones” (Navarro Wolf), que “deben ser defendidas, aun cuando nos incomoden” (Álvaro Gómez Hurtado). Más allá de una posición política, hubo consenso sobre la trascendencia vital de las instituciones como mecanismo de control, de ese “sistema de pesos y contrapesos”, que previene abusos de poder, delirios de libertador y apropiaciones ilegítimas del poder popular. Las instituciones nos han protegido, aunque el desánimo y el desasosiego no nos deje verlo con claridad. Coincido en que nunca les había tocado una amenaza como la que hoy enfrentamos, pero confío en que están desempeñando el rol para el que fueron concebidas, incluso si incomodan. Confío también en que el camino de la Constitución es claro e iluminado a pesar de quienes quieren apagar las luces de la carretera, como el ministro Montealegre.
Pero ese camino se ha vuelto muy peligroso para el operador logístico. Lo amenazan con delitos imaginarios, lo presionan, lo persiguen. Afortunadamente tenemos un gran escolta: El Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Yo confío que ejercerán el rol de guardianes de la democracia con toda rigurosidad e independencia. “El juez no está para complacer al príncipe, sino para proteger al ciudadano”, dice el profesor Devis Echandía.
¿Qué debe hacer el ciudadano entonces para ayudar al operador logístico y al escolta? Debe entregarles un valor no menor: la confianza. Debe rodearlos, apoyarlos, protegerlos y respetarlos. Hoy, el Registrador necesita hacer su trabajo en condiciones de seguridad jurídica y el Consejo de Estado necesita poder decidir en independencia.
El operador logístico, el camino y el escolta, necesitan de nosotros, las linternas.
