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Esta semana conocimos en distintos medios historias como la de Laura, estudiante de Ingeniería Industrial, que con esfuerzo y esperanza accedió a un crédito del ICETEX para cumplir su sueño de ser profesional. Durante años confió en que esa decisión sería la llave para cambiar su vida y la de su familia. Hoy, ese sueño se tambalea: la eliminación del subsidio a la tasa de interés puede duplicar o incluso triplicar su cuota mensual. Lo que representaba un camino de movilidad social se convierte en una carga casi imposible de sostener, una deuda que amenaza con truncar un proyecto de vida. La historia de Laura no es excepcional; es el espejo de miles de jóvenes colombianos que ven cómo las puertas de la universidad se empiezan a cerrar.
La educación superior ha sido, en las últimas décadas, el vehículo más potente de movilidad social en Colombia. En sus 75 años de vida, el ICETEX ha abierto las puertas de la educación superior a 5,7 millones de personas y, solo en septiembre de 2024, contaba con más de 931 mil beneficiarios activos.
Por eso el anuncio reciente del Gobierno Nacional resulta tan preocupante: cambia de manera drástica las reglas de juego. Estudiantes que pagaban una tasa nominal del 5,08 % ahora deberán enfrentar una del 16,51 %. En la práctica, cuotas imposibles de sostener para familias de estratos 1, 2 y 3, que representan el 92 % de los usuarios. La consecuencia inmediata: más deserción, proyectos de vida truncados y degradación de un derecho que nunca debería depender de la tasa de interés.
Este golpe se da en un contexto ya precario: los recursos para universidades públicas crecen apenas al ritmo de la inflación, mientras la matrícula se duplicó en los últimos veinte años. La oferta educativa continúa concentrada en las grandes ciudades, dejando rezagadas a regiones que requieren más presencia universitaria. Al mismo tiempo, los costos de investigación e innovación aumentan sin un respaldo presupuestal suficiente. La gratuidad en la educación pública es un paso valiente, pero necesita financiación estable y sostenible.
Frente a este panorama, Antioquia se encarga de la solución a un problema que no nos podemos dar el lujo de ignorar y responde con hechos. Cinco universidades privadas (CES, EIA, EAFIT, UPB y Universidad de Medellín) lanzaron el pasado 6 de mayo el Fondo Futuro, un mecanismo innovador que busca garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior mediante un esquema solidario y sostenible. Una solución estructural que nace con la convicción de que la educación no puede ser un privilegio, sino un derecho y un deber colectivo. La educación es la apuesta colectiva por excelencia y un proyecto social de largo plazo que nos convoca a todos.
Es hora de replantear la financiación de la educación superior, no solo con más recursos y una evolución del ICETEX que sea para el bien de los estudiantes, sino con la entrada de otros modelos que perduren, que equilibren equidad y sostenibilidad.
El Fondo Futuro es un acto de visión en ese sentido: invertir en educación es el único camino seguro hacia una sociedad más equitativa, productiva y libre. Esta iniciativa demuestra que, con el respaldo del sector privado y el compromiso de las universidades, es posible construir igualdad de oportunidades sin importar el origen o la residencia de los jóvenes. El talento no puede quedar atrapado por la falta de recursos.
Iniciativas que se consolidan desde las regiones para que cada historia, como la de Laura, tenga un desenlace distinto: donde el esfuerzo se traduzca en un crédito justo, un proyecto de vida viable y una gran carrera profesional. Con Fondo Futuro abrirlas apostamos por un país donde cada joven pueda escribir su futuro con esperanza.
*Presidenta Ejecutiva Proantioquia
