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La primera finalidad de la más reciente encuesta de Invamer consiste en mostrar tendencias políticas de los consultados en la competencia entre los numerosos precandidatos presidenciales. No parece lógico sumarle a esa indagación sobre intención de voto un segmento, como percepción de país, destinado a conocer la calificación de los ciudadanos sobre la credibilidad de las instituciones más influyentes.
Estoy reescribiendo mi sección de ética en Cuartillas, programa del Círculo de Periodistas de Antioquia en Radio Cipa, acerca del dictamen de los encuestados sobre si creen o no y en diferentes grados, no en personas precandidatizadas, no en individuos, sino en las llamadas instituciones, que aparecen más en abstracto como entes colectivos, difusos y variables, así tengan presencia permanente en el espectro social y político. Mientras la calificación de los precandidatos establece un ranquin en el cual se eliminan los de menor puntaje y las listas se acortan hasta que sólo permanezcan los más opcionados, las instituciones no van a descartarse o a desaparecer para que sólo permanezcan aquellas que reciban una calificación más alta, en términos de credibilidad. El carácter institucional atribuye permanencia. Con todo, la institución Medios de Comunicación no existe en la realidad. Cada medio es una institución distinta.
Una encuesta como la de Invamer no debería exhibir la ambivalencia, la dualidad o la conjunción de objetivos que enseña, al preguntar primero por preferencias políticas y después al proponer un dictamen sobre el comportamiento ético, en relación con el valor de la verdad, o la veracidad, de las llamadas instituciones. Sería menos cuestionable indagar por la credibilidad de unos y otros. Sí es recomendable que los entes periodísticos estén expuestos al escrutinio público y se animen a incorporar la autocrítica permanente como una condición de su presencia en la sociedad.
Pero el dictamen de la encuesta, que revela un descenso leve pero significativo en materia de credibilidad, no debe tomarse, como lo han hecho algunos comentaristas, como una condena o una sanción social a todos los medios y los periodistas. Este es un error por generalización y desconocimiento de cualidades y testimonios de vocación por la verdad que aportan todos los días muchos o algunos de los llamados medios. Podría citar ejemplos de investigaciones incluso arriesgadas y corajudas de medios periodísticos que han hecho valer la responsabilidad de fiscalizar a funcionarios y órganos estatales. Carece por completo de sentido y de veracidad involucrarlos en el sector de los que pierden credibilidad.
Pero además el presunto descenso leve pero interesante de la credibilidad y la generalización en los resultados de la encuesta puede atribuírsele sobre todo a la enorme confusión con la irrupción de las llamadas redes sociales y numerosos influenciadores seudoperiodísticos, que, sin responsabilidades profesionales y éticas están disputándoles la credibilidad, la confiabilidad y el derecho a informar y orientar a los periodistas y medios de reconocida índole profesional, que se han ganado un espacio sobresaliente en la vida social y política.
