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Desde que llegué al Congreso, he defendido la soberanía energética de los colombianos. Fui ponente de la Ley de Transición Energética y de la Ley de Cambio Climático en el gobierno de Iván Duque (reconocimiento en esta lucha al exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, consejero y maestro).
Tuve la oportunidad de estar en EE.UU., invitado por el Departamento de Estado, donde estudié la herramienta del fracking, fundamental para aumentar nuestras reservas de gas natural. Exploré el potencial de la energía nuclear, una fuente probada a nivel mundial y con grandes posibilidades para Colombia.
Hoy puedo decir con preocupación que enfrentamos un caos energético por culpa del gobierno Petro. El próximo Congreso y Gobierno deben enfocarse con urgencia en construir una agenda minero-energética sólida, para evitar que el país se apague y que los recursos del Sistema General de Regalías, vitales para el desarrollo regional, se debiliten. No se ganan elecciones solo con antipetrismo, necesitamos propuestas claras y contundentes. Debemos dar continuidad a iniciativas legislativas como la declaratoria del gas natural como energético estratégico de la transición energética, establecer la seguridad energética como derecho constitucional de tercera generación, crear una ventanilla única para el sector, que agilice trámites y reducir tiempos de licenciamiento ambiental (estas propuestas las trabajamos junto a la senadora Paola Holguín, con quien compartimos una visión del futuro energético del país).
Otra prioridad es la reglamentación de la consulta previa, que se ha convertido en una herramienta de extorsión contra empresarios y en un obstáculo para el desarrollo. Hay más de 20 mil proyectos frenados por este mecanismo, entre ellos Sirius, un hallazgo histórico de gas natural costa afuera en el Caribe colombiano, explorado desde el gobierno del presidente Uribe.
Una propuesta es eliminar el incentivo económico directo a comunidades. En su lugar, las obras y las inversiones deberán ejecutarse mediante el esquema de obras por impuestos, garantizando transparencia, equidad e inversión social. Es imperativo trabajar en expandir, modernizar y sanear el sistema energético nacional, reactivar el sector petrolero y recuperar Ecopetrol, acelerando la exploración y producción de crudo y gas, promover la minería a gran escala con inversiones en todo el territorio nacional, retomar la formalización de pequeños y medianos mineros con vocación de legalidad y garantizar cobertura total del servicio eléctrico antes de 2030. Entre medidas excepcionales, se debe considerar la declaratoria de una emergencia energética nacional los primeros dos años de gobierno, esto permitiría agilizar la construcción de infraestructura estratégica, ofrecer incentivos fiscales con cláusulas de estabilidad jurídica, establecer un “fast-track” para licenciamiento ambiental y consultas previas.
Mi lucha continuará por la defensa de uno de los sectores más importantes, que genera estabilidad, mueve la industria, el comercio y mantiene encendidos a más de 12 millones de hogares. Es el motor de más de 700 mil vehículos. La seguridad energética es libertad, es desarrollo y es justicia para todos.
