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El próximo presidente de la República enfrentará un reto crucial: evitar que Colombia se apague. Garantizar el suministro de gas natural, reactivar la exploración y explotación de petróleo, y minerales estratégicos deben convertirse en prioridades inmediatas. Con políticas públicas adecuadas, reglas claras y seguridad jurídica, este sector puede aportar más del 50% de las exportaciones totales, cerca del 30% de la inversión extranjera directa y alrededor del 20 % de los ingresos corrientes de la Nación. A esto se suman las regalías, que representan cerca de un tercio de los presupuestos de inversión de alcaldías y gobernaciones, y cerca del 7% del PIB.
Colombia enfrenta hoy el mayor riesgo de desabastecimiento eléctrico desde el apagón de 1992. La demanda de energía crece a una tasa cercana al 4% anual, mientras que los nuevos proyectos presentan retrasos. De acuerdo con XM y los gremios del sector, las inversiones necesarias para evitar un colapso del sistema superan los $40 billones en la próxima década, en este sentido, la prioridad debe centrarse en recuperar la confiabilidad del sistema eléctrico.
Según proyecciones de XM, la energía firme entrará en déficit agravado en los años 2027 y 2028, alcanzando brechas superiores a 60 GWh/día hacia mediados de la próxima década.
La subasta del Cargo por Confiabilidad de 2024 evidenció la magnitud del problema: solo se asignaron 11 GWh/día nuevos, menos del 40% de lo requerido para cubrir el periodo 2027–2028 y apenas el 15% de lo necesario para recuperar una holgura operativa adecuada.
La falta de señales claras de precios, la volatilidad regulatoria y el riesgo político han reducido significativamente el interés de inversionistas nacionales y extranjeros. A esto se suman los retrasos en transmisión, que oscilan entre 2,7 y 6,4 años, afectando la entrada de proyectos de energías renovables en La Guajira, las expansiones en el Valle del Cauca y la Costa Caribe y obras críticas en el centro del país.
Frente a este panorama, se requiere una agenda de reformas con decisión política y capacidad técnica para su ejecución: 1- Reforma integral del Cargo por Confiabilidad, que actualice su diseño para remunerar adecuadamente el respaldo térmico y el almacenamiento; 2- Implementación del Plan Térmico 2030, enfocado en la repotenciación de plantas existentes, la conversión a combustibles duales y la expansión mediante tecnologías probadas de rápida entrada en operación; 3- Destrabar la entrada de proyectos renovables en La Guajira mediante; 4- Actualizar la planeación energética de la UPME, incorporando almacenamiento, demanda flexible y mayor integración de energías renovables; 5- Convertir la gestión de la demanda en un pilar de la confiabilidad del sistema; 6- Reforzar la gobernanza del sector y blindar las instituciones técnicas frente a interferencias políticas.
Sin duda, una apuesta decidida por el equilibrio entre seguridad energética, inversión y crecimiento permitirá fortalecer la economía del país. Colombia necesita un sector energético sólido, confiable y competitivo: sin energía, no hay desarrollo; sin reglas claras, no hay inversión; y sin inversión, no hay futuro.
