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Colombia enfrenta problemas serios: la violencia, las finanzas públicas al borde del colapso, una polarización creciente, reformas gubernamentales perjudiciales como la de salud, y unas instituciones cada vez más desgastadas. Es un momento difícil que exige cambios urgentes y liderazgos capaces de estar a la altura de las circunstancias.
Con ese panorama, cualquiera se pregunta: ¿qué está haciendo Gustavo Petro en sus últimas semanas de gobierno? Lo malo es la respuesta: alimentar la incertidumbre de todo un país para disfrazar sus intenciones electorales de continuismo.
Eso quedó claro el pasado primero de mayo cuando, en la plaza pública de Medellín, una ciudad que le es bastante ajena, con tono populista y micrófono en mano, le echó candela a uno de sus mayores caprichos: convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Un embeleco que no es nuevo y que sabe usar para causar tensión y desviar la atención. Ahora quiere que todas las miradas recaigan en el asunto, porque detrás de eso está el impulso a favor de su candidato presidencial, Iván Cepeda.
Esta vez lo lanzó con todo: firmas ciudadanas, una cuenta de ahorros publicada en X para recaudar dinero, comités en el país, planillas circulando entre los asistentes. Uno se pregunta de dónde salen los recursos para montar un aparato que busca recoger como mínimo ocho millones de firmas. ¿Quién paga? Con seguridad, esa plata proviene de lo que usted aporta en impuestos y, por consiguiente, deja de usarse para lo que verdaderamente se necesita.
Lo que realmente debe llamar la atención es el porqué del gustico por un constituyente. No se trata de un problema con la redacción de la carta magna. La Constitución del 91 no es la causa de la violencia, de los problemas económicos ni sociales del país, ni de la corrupción de estos cuatro años. El problema nunca ha sido la Constitución. El problema es que Petro quiere hacer lo que quiere, a su manera, sin frenos ni contrapesos, sin tener que negociar consensos.
Cambiar la Constitución no es un ejercicio neutro. El constitucionalista Juan Manuel Charry ha sido claro en su análisis: la idea de una asamblea constituyente por fuera de los mecanismos del artículo 376 de la Carta no es participación ciudadana. “Para decirlo en términos claros, es un golpe de Estado”, afirmó Charry en una entrevista radial. Por eso sorprende el interés del gobierno de hacerla a su manera, lo que denota el deseo de presionar por ideas que consideran maravillosas, pero que, en las calles, los territorios y los bolsillos solo han traído problemas.
Cuando la puerta de una constituyente la abren gobiernos populistas, disimulando su gusto por la autocracia, hay consecuencias. En Venezuela, Hugo Chávez afirmó que quería fortalecer las instituciones, no destruirlas. También la convocó al sentir que el pueblo fue traicionado por un Congreso que supuestamente no le cumplía (tan parecido al discurso de este gobierno sobre el legislativo). La constituyente venezolana de 1999 terminó entregando el 95% de los escaños a los chavistas. Fue una toma de poder disfrazada de permiso popular, con la que hicieron y deshicieron. El resto es historia: pobreza, exilio y años de dolor.
Lo revelador del momento es la conexión de todo esto con la candidatura presidencial de Iván Cepeda y la proximidad a la primera vuelta electoral. Cepeda menciona un “Acuerdo Nacional” como si fuera una propuesta más dialogante, pero al final es lo mismo. No descarta la constituyente si ese acuerdo no prospera. En otras palabras: primero te invita a conversar, y si no obtiene lo que quiere, convoca la constituyente. Los mismos jugando a lo mismo.
La Constitución del 91 no necesita capítulos nuevos ni cambios. Colombia requiere que el próximo presidente gobierne con respeto por la Constitución, base de la institucionalidad. El capricho de la constituyente es eso: un capricho. Un espejo donde el populismo se admira, mientras le entierra un cuchillo al corazón del país.
