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La economía colombiana, a pesar del espejismo de las cifras coyunturales, va por un rumbo preocupante: un crecimiento ilusorio sostenido en el derroche fiscal, el endeudamiento descontrolado y un clima hostil a la iniciativa privada. Lo anterior fruto de decisiones gubernamentales que erosionan la confianza empresarial, entre ellas amenazando el ahorro privado en la reforma pensional (que redirige recursos de fondos privados al insostenible sistema público), el incremento excesivo de la carga tributaria que castiga el ánimo de traer nueva inversión, y una avalancha regulatoria, alguna con carga ideológica (como los excesos en licencias ambientales o consulta a comunidades) que multiplican la incertidumbre y deterioran el costo país. A ello se suma una incapacidad persistente para construir consensos con el sector productivo.
Como resultado la inversión productiva cayó a cerca del 16% del PIB en 2024, el menor nivel en más de dos décadas. Colombia necesita al menos un 22% para crecer con vigor, pero hoy invierte muy por debajo de su potencial. En otras palabras, el país está hipotecando su crecimiento futuro a un modelo “estatizante” ineficiente e improductivo. El efecto es menor productividad, menos empleo de calidad y una economía dependiente del gasto público insostenible.
Paradójicamente, mientras la inversión privada se desploma, la economía muestra una leve expansión, pero impulsada artificialmente por un gasto fiscal desenfrenado. Es un espejismo: crecemos por deuda, no por productividad. Se estima que el déficit fiscal será cercano al -8% del PIB en 2025 y la deuda superará el 63%, cifras sin precedentes aun considerando la pandemia. En los últimos tres años, el endeudamiento nacional ha aumentado en más de 330 billones de pesos y los pagos del servicio de deuda superan ya los 300 billones adicionales. En total, más de 600 billones que comprometen el presente y sacrifican el futuro.
Pero más inquietante es que no es principalmente deuda externa, sino interna. Desde julio de 2022 a agosto de este año, la deuda externa pasó apenas de 315 a 323 billones, mientras la interna saltó de 474 a 782 billones de pesos. Esa expansión desbordada en deuda local significa que el estado ha acaparado el crédito doméstico. El sistema financiero destina cada vez más recursos a financiar al gobierno mediante TES, dejando menos capital disponible para las empresas. Este desplazamiento, conocido como “crowding out”, encarece por demanda el crédito y paraliza proyectos privados.
Así, el gobierno es triplemente responsable de las tasas de interés altas: primero, por absorber el crédito que debía impulsar la inversión; segundo, por el desorden fiscal que impide al Banco de la República reducirlas sin riesgo inflacionario; y tercero, por la expectativa de un aumento desbordado del salario mínimo, que eleva las presiones sobre los precios y mantiene la inflación esperada al alza. En este contexto, las empresas enfrentan el peor de los mundos: impuestos más altos, financiamiento más costoso y un estado que gasta sin generar confianza.
Corregir el rumbo exige recuperar la prudencia macroeconómica. No se trata de frenar la inversión pública, sino de focalizarla. También urge devolverle confianza al sector privado y reconocer que sólo con más inversión privada Colombia puede escapar del espejismo fiscal que hoy oculta su fragilidad.
*Rector Universidad EIA
