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Después de la jornada electoral de marzo, el país enfrenta una nueva crisis incluso más retadora que la de seguridad: una erosión progresiva de las condiciones que deberían garantizar la democracia. Cuando el Estado pierde el control del territorio y no demuestra interés en recuperarlo, las elecciones dejan de desarrollarse en verdadera libertad.
La Defensoría del Pueblo ha identificado 62 municipios en riesgo crítico (6%) y 162 en riesgo alto (15%), en un país de 1.103 municipios. 58% del riesgo crítico se concentra en la región Pacífica, una de las más golpeadas por la disputa entre economías ilícitas y grupos armados ilegales. Estas cifras son el punto de partida, no la conclusión.
Durante los últimos cuatro años, una institucionalidad debilitada ha facilitado que en estos territorios los actores armados además de ejercer violencia sustituyan funciones del Estado, regulen campañas políticas y veten candidaturas. Al apoderarse del territorio vulneran la democracia. De acuerdo con los resultados de escrutinio de la Registraduría, al cruzar esos datos con los 62 municipios identificados por la Defensoría en riesgo crítico, el mapa político revela una concentración llamativa: un solo partido (Pacto Histórico) ocupa el primer lugar en 38 de ellos (55%), y aún más revelador: en 10 municipios del suroccidente (Nariño y Cauca), ese mismo partido supera el 50% de la votación.
En democracias competitivas ese tipo de mayorías es excepcional. En el país ocurre en territorios donde, según la propia Defensoría, existen gobernanzas armadas ilegales que condicionan la vida cotidiana. La coincidencia no puede leerse como casualidad. No se trata de afirmar fraude es algo más complejo: reducción efectiva de la competencia política. Cuando actores armados limitan quién puede hacer campaña, cuándo y cómo, el elector no decide en condiciones de plena libertad. Decide dentro de un entorno previamente filtrado. Este hecho se evidencia en dictaduras y regímenes totalitarios.
Este fenómeno introduce la fragmentación del sistema democrático. Colombia puede sostener elecciones formales, con alta participación y resultados legítimos en el papel, mientras en ciertas regiones la competencia es restringida y el voto está condicionado por factores extrainstitucionales.
Entre tanto, el debate público sigue atrapado en atavismos ideológicos. El Gobierno insiste en negar la gravedad del deterioro, y sus propios sectores lo instrumentalizan en función de sus intereses políticos. Pero la realidad no se resuelve en trincheras discursivas. Se resuelve en el territorio, donde hoy la presencia del Estado compite, y en algunos casos pierde, frente a estructuras ilegales con capacidad de regulación social y política.
Colombia ya ha enfrentado momentos críticos. Este es distinto. No es una crisis que estalle, sino una que se expande con acumulación de señales que, vistas en conjunto, configuran una advertencia observada desde afuera, The Economist, reconocido semanario británico de análisis internacional, advirtió que más del 70% de municipios colombianos presentan algún nivel de riesgo, planteando una pregunta incómoda sobre el rumbo del país. Cuando en zonas bajo presión armada un solo actor político supera el 50% de los votos, la pregunta ya no es quién ganó: es si todos pudieron competir.
