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En política, las propuestas de campaña son la hoja de ruta para administrar el Estado, de ahí la importancia de analizarlas. Algunas de estas iniciativas dejan de ser programas de gobierno serios y objetivos, y presentan un discurso que distorsionan la estructura de la democracia. Ese es el debate: ¿la campaña programática de Iván Cepeda representa una propuesta de gobierno viable y racional, o un proyecto comunista idealista envuelto en un lenguaje de cambio político?
Al revisar las propuestas de Iván Cepeda, junto con la evolución programática que históricamente plantearon FARC, ejes políticos del ELN y el Congreso de los Pueblos, aparece una convergencia conceptual que merece ser examinada con determinación. No se trata de afirmar equivalencias simplistas, pero sí de reconocer una matriz ideológica común que atraviesa estos discursos.
El primer punto de coincidencia es la distorsión de la democracia y su sistema representativo, clave en la Constitución del 91, apoyada por los ex miembros del M-19 y que ahora no les sirve. Se impulsa el “poder popular”, la participación vinculante y un poder constituyente permanente donde la movilización sustituye a la representación. Este enfoque debilita los contrapesos institucionales y reproduce acciones dictatoriales de ideología izquierdista que han dejado en peores condiciones sociales y económicas a los pueblos gobernados con estos modelos.
Un segundo elemento compartido es la concepción de la paz como proceso transformador del Estado. En la coyuntura de la “Paz Total”, esta discusión es relevante: el país no solo negocia con actores ilegales armados, sino que enfrenta lo que se perfila como el mayor fracaso de política pública en décadas, mientras se propone un modelo político condicionado por presión de dichos actores y agendas de transformación sin garantías de seguridad.
En cuanto a la doctrina de seguridad. El plan de Cepeda no contempla una estrategia militar o policial para enfrentar el crimen organizado ni garantizar la seguridad ciudadana. La seguridad queda subordinada a una narrativa de transformación social, como si la violencia del día a día se redujera con retórica y no con acciones efectivas del Estado.
El tercer eje es la reforma agraria. Desde su origen, las FARC situaron el problema de la tierra como núcleo de su narrativa política, y hoy esa lógica se reproduce en propuestas que, bajo la idea de redistribución, desconocen la complejidad de las causas de la violencia. Se plantea una reforma agraria, que introduce incertidumbres sobre la propiedad rural y termina alejando la inversión y el propio bienestar del campesinado. La tierra pasa de ser un factor productivo a un instrumento de poder, sacrificando la la industrialización del agro.
El cuarto punto es la soberanía económica y energética. La crítica al modelo extractivo y a la dependencia frente a potencias externas aparece de forma reiterada. En su versión moderada se plantea como autonomía nacional; en su versión más radical, como el rediseño del modelo económico con control social sobre recursos estratégicos, y sin exponer en cabeza de quién estará ese control y cómo se obtendrán los recursos económicos que el país requiere.
Pero el verdadero punto de fractura no está en los objetivos, sino en el método. El candidato de la izquierda intenta canalizar estas transformaciones dentro del sistema democrático. ¿Se trata de una propuesta de gobierno o de una narrativa que recuerda viejos manifiestos y modelos insurgentes?
