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El orden internacional construido tras 1945 ya no se está reformando: se está fracturando. Las reglas compartidas ceden ante acuerdos transaccionales; la cooperación estratégica pierde estabilidad; la confianza entre aliados se erosiona. No es un episodio. Es un punto de no retorno en la arquitectura global, así lo describe el Munich Security Report 2026.
¿Está Colombia ad-portas de su punto de no retorno? Un punto de no retorno no implica colapso inmediato, implica que la trayectoria cambia de orientación irreversiblemente, así como sus efectos. En los sistemas complejos los umbrales no se cruzan de un día para otro, se atraviesan por acumulación de decisiones que alteran incentivos y debilitan la cohesión.
Mientras el entorno internacional se vuelve más incierto, nuestros indicadores internos revelan fragilidades persistentes. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 califica al país en 37 sobre 100, por debajo del promedio mundial. Más de 27 mil delincuentes conforman hoy estructuras armadas ilegales entre hombres en armas y redes de apoyo. Las estimaciones más recientes indican que el país podría estar cerca de las 300 mil hectáreas de coca y superar las 3.000 toneladas métricas de producción potencial de cocaína. En 2025 los homicidios superaron los 13.700 casos. Son cifras que reflejan control territorial disputado, economías ilícitas robustas y una institucionalidad sometida a presión constante.
Las políticas recientes han privilegiado enfoques de distensión y negociación. Sin embargo, cuando se reduce la presión operativa sin fortalecer de manera simultánea la capacidad judicial, la inteligencia estratégica y la presencia estatal efectiva, el sistema reacciona. El territorio no admite ausencia de autoridad, solo cambia de manos. Sin una arquitectura institucional sólida, la disminución de la confrontación facilita y amplía la expansión criminal.
El punto de no retorno en el país es un proceso puesto en marcha cuando la corrupción deja de ser anomalía y se convierte en tolerancia. Cuando la autoridad legítima pierde terreno frente a coerciones privadas. Cuando la incertidumbre normativa frena inversión y productividad. Cuando el Estado pierde velocidad frente a redes ilícitas que operan con lógica transnacional y alta capacidad de adaptación.
En un mundo fragmentado estas debilidades no se neutralizan, se amplifican. Las economías ilegales prosperan en contextos de reglas difusas y supervisión debilitada. Si el Estado no evoluciona más rápido que esas redes, su capacidad de gobernanza se reduce.
El dilema no es ideológico, es funcional. Colombia necesita evitar que la soberbia acelere el punto de irreversibilidad. Eso exige transitar de un Estado ancla, lento, fragmentado, reactivo, a un Estado plataforma, integrado, interoperable, transparente y anticipatorio. Exige tratar la lucha contra la corrupción como política de seguridad nacional. Exige recuperar control territorial con institucionalidad desde lo militar y social, no solo con despliegues transitorios. Exige coherencia estratégica de largo plazo más allá de discursos populistas y anquilosados en modelos políticos deficientes que ni siquiera corresponden a la realidad del siglo XXI.
El orden internacional no volverá a ser el mismo. La pregunta es si Colombia puede permitirse debilitar su cohesión institucional justo cuando el entorno global se endurece. Aún existe margen. Pero es menor. Evitar cruzar ese umbral requiere decisiones firmes, consistencia institucional y liderazgo con visión multidimensional. Cuando un país pierde su punto de equilibrio, no enfrenta el fin del mundo. Enfrenta la pérdida de control sobre su propio destino.
