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En varias ocasiones, el presidente Abelardo de la Espriella ha mostrado resultados de operaciones militares caminando junto a bolsas que contienen cuerpos de integrantes de grupos armados. Son imágenes duras de una realidad dura. Respaldo que el jefe del Estado lidere y asuma públicamente la ofensiva contra organizaciones que, durante años, han impuesto reglas por la fuerza.
El Ministerio de Defensa registra 154.306 homicidios entre 2014 y 2025, casi 13.000 por año. El acumulado supera las 104.732 muertes estimadas en la guerra de Bosnia y las 120.108 muertes civiles por violencia en Irak entre 2003 y 2011. Las cifras permiten comprender la magnitud de lo que Colombia ha soportado y la urgencia de impedir que se sumen miles de víctimas cada año. Una estimación policial sitúa entre 60% y 65% los homicidios vinculados con disputas entre redes delictivas y acción de sicarios. Se mata para cobrar, retaliar, intimidar o controlar rentas y territorios. El sicario ejecuta una orden; detrás de él permanece una estructura con dinero para dar la siguiente. Perseguir a quien dispara es indispensable. Llegar a quien paga y se beneficia de la muerte interrumpe la cadena.
Detrás de esas muertes hay organizaciones capaces de reclutar y financiar a sus reemplazos. Según cifras de la Fundación Ideas para la Paz, en julio de 2026 los grupos armados ilegales sumaban 28.802 integrantes, entre personas en armas, redes de apoyo e informantes: 90% más que en diciembre de 2022. El Índice Global de Paz 2026 estimó que el impacto económico de la violencia en Colombia durante 2025 equivalió al 15,2% del PIB, una medición que incluye los homicidios y el gasto en seguridad y defensa. Reducir los homicidios exige perseguir tanto a los hombres armados como las rentas que permiten sustituirlos. Al hacerse presente en escenarios de las operaciones, el presidente envía un mensaje a las organizaciones criminales y otro a los uniformados: el Estado ha decidido enfrentarlas y su Fuerza Pública cuenta con respaldo político. Las imágenes muestran resultados concretos de esa decisión. También comprometen al Gobierno con la tarea de consolidarlos: investigar las redes, perseguir sus rentas y permanecer en los territorios donde se ha actuado.
Esa autoridad debe ejercerse con mano dura dentro de la ley. Quien decida someterse debe responder ante la justicia. Quien tenga una orden de captura debe ser detenido y, cuando corresponda, extraditado. Quien ataque con armas a la Fuerza Pública se expone a ser neutralizado en una operación legítima. La precisión operacional y la protección de las comunidades son fortaleza del Estado.
El Gobierno ha informado capturas de cabecillas, muertes en operaciones y extradiciones firmadas. Apoyo esa iniciativa y su continuidad. La Fuerza Pública, la Fiscalía, los jueces y las autoridades tienen la tarea de convertir cada golpe en pérdida duradera de poder criminal. Si cae un cabecilla, deben desmantelarse las redes y las fuentes de dinero que permitirían a otro ocupar su lugar.
Las bolsas y las extradiciones muestran que el Estado está actuando. Esa ofensiva debe darles a las víctimas la seguridad para denunciar, mediante canales confiables, protección a testigos y controles que impidan a los capturados seguir dando órdenes desde la cárcel. Con esas garantías, un comerciante podrá rechazar una extorsión, abrir su negocio y regresar vivo a casa. Esa libertad dará sentido a las palabras del presidente: “Bienvenidos a la Patria Milagro”.
