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El 1 de febrero, el Gerente de EPM envió una carta al Ministro de Minas y Energía advirtiendo sobre el grave riesgo que enfrenta el país en la prestación del servicio de energía, particularmente en la región Caribe. La causa principal es el retraso en el pago de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, una deuda que ya supera los 650.000 millones de pesos. Sin embargo, este problema es solo la punta del iceberg de una crisis más profunda y estructural: el Gobierno Nacional adeuda billones de pesos a las empresas del sector eléctrico, comprometiendo su sostenibilidad y poniendo en jaque la estabilidad del sistema energético.
El caso de Afinia, filial de EPM que atiende a más de un millón de usuarios en la región Caribe, es el reflejo de la política energética errática y populista del actual gobierno. Desde 2020, Afinia ha enfrentado serios desafíos, como la caída en los niveles de recaudo, las pérdidas de energía, la acumulación del saldo de la opción tarifaria y la falta de pago de los subsidios. A pesar de la inversión de más de 3 billones de pesos por parte de EPM para garantizar la operación de Afinia, la empresa está en una situación financiera insostenible si el Gobierno sigue incumpliendo sus compromisos.
La advertencia de EPM es clara: si el Estado no paga lo que debe y continúa debilitando el sector energético con medidas improvisadas, el apagón será inevitable. No se trata de una exageración ni de una maniobra política. El Sector Eléctrico viene con un rezago muy significativo en la entrada de nueva capacidad de generación; desde 2019 se vienen realizando subastas para proyectos renovables, los cuales debían entrar a finales de 2022 e inicios de 2023, el caso más dramático es el de los más de 1500 MW eólicos de la Guajira, que no han entrado a la fecha y es incierto su futuro dada la retirada de varias empresas que creyeron en el país, sus instituciones y el marco regulatorio. El Gobierno Nacional celebra que han entrado alrededor de 1900 MW en parques solares a diciembre de 2024, lo cual es importante, pero claramente insuficiente. La demanda nacional fue de 82 TWh en 2024, con un crecimiento anual del 2% estamos hablando de que cada año necesitamos que entren en operación 790 MW, y mientras esto no se logre, cada año el parque de generación existente va a estar más exigido, llegándose a requerir cada vez más del aporte de la generación térmica (carbón, gas natural importado y combustible líquido) hasta que el sistema se quede sin margen de holgura. Otro factor adicional de estrés es la condición de racionamiento que ha enfrentado Ecuador cuando Colombia interrumpe su exportación para atender la demanda nacional. Ante este panorama los expertos hablan de que podemos estar ante un racionamiento eléctrico en los primeros meses de 2026, dependiendo de la condición climática que se presente en el país. Si a este problema estructural de déficit de oferta se suma el no pago de los compromisos con los generadores, estamos ante un nuevo factor que refuerza el riesgo de apagón debido a la falta de recursos financieros para la operación. Es una realidad técnica y financiera que ya afecta a varias regiones del país, donde los cortes de energía son cada vez más frecuentes.
Lejos de tomar medidas para evitar una crisis mayor, el Ejecutivo ha optado por el camino más peligroso: emitir una circular ilegal que obliga a las empresas generadoras a continuar prestando el servicio a pesar de la morosidad generalizada. En otras palabras, el Gobierno ha trasladado toda la carga financiera a las empresas del sector, exigiéndoles operar sin garantía de pago. Este abuso de poder no solo es insostenible, sino que amenaza la estabilidad del sistema eléctrico en su conjunto.
El sector eléctrico colombiano necesita con urgencia una política energética seria, técnica y financieramente viable. Sin embargo, la crisis se agrava por la incompetencia del Ministerio de Minas y Energía, cuya inacción ha generado un clima de incertidumbre y desesperación.
A esto se suma el debilitamiento de la CREG, un organismo que debería actuar con independencia para garantizar el equilibrio del sistema eléctrico, pero que en la práctica este gobierno lo ha cooptado y puesto al servicio de intereses políticos en lugar del bien común.
Lejos de asumir su responsabilidad, el Gobierno de Gustavo Petro ha optado por la estrategia de siempre: desinformar, polarizar, no pagar y generar caos. Se ha dedicado a enfrentar a la ciudadanía con las empresas del sector eléctrico, vendiendo la falsa narrativa de que las tarifas de energía son elevadas por culpa de las compañías generadoras y comercializadoras, cuando la realidad es que el problema radica en la falta de pago de los subsidios y en la mala planificación del Gobierno Nacional.
Bajo el pretexto de reducir las tarifas, el Presidente Petro ha propuesto una serie de medidas regulatorias carentes del rigor técnico que ha caracterizado este sector, buscando reducir significativamente los ingresos de la comercialización, generación y otros eslabones de la cadena energética. Esta medida populista pondría en jaque aún más al sector, pues no resuelve el problema de fondo, sino que debilita aún más la capacidad operativa de las empresas, ahuyenta la inversión y afectará la calidad del servicio.
Gustavo Petro necesita recibir un diagnóstico real del sector energético y dejar de insistir en medidas erradas. Intervenir el precio de bolsa de la energía no resolverá el problema de tarifas; por el contrario, distorsionará aún más el mercado y generará mayor incertidumbre.
La única salida viable es garantizar un equilibrio entre oferta y demanda, así como mejorar la eficiencia del sistema energético. Para ello, el país debe fomentar la inversión en generación de energía, en especial en fuentes renovables(incluyendo hidráulica) y térmicas, ya que la realidad es que a hoy, es necesario importar gas para poder operar las plantas térmicas.
Cualquier otra estrategia es simplemente populismo disfrazado de reforma.
Presidente Gustavo Petro, este no es un problema de izquierda, centro o derecha. No se trata de conspiraciones, ni de bloqueos legislativos, ni de enemigos, ni mucho menos los famosos golpes blandos que usted se inventa. Se trata de una crisis real que exige decisiones técnicas, no discursos ideológicos.
Colombia no puede darse el lujo de repetir la crisis energética de los años 90 por simple negligencia. El riesgo de un apagón nacional no es un invento de la oposición ni una exageración. Las advertencias están sobre la mesa. La pregunta es si el Gobierno las escuchará o si, como ha ocurrido con otras crisis, simplemente optará por culpar a los demás mientras el país se sume en el caos.
¿Podría ser que la estrategia de Petro consiste en asfixiarlas financieramente para justificar el apagón y luego proceder con la intervención?
