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El 2024 fue un año complejo para el sector energético colombiano, no solo por los efectos del cambio climático, sino por las decisiones y anuncios del gobierno, que generaron incertidumbre en el sector y no contribuyeron a la estabilidad de este. El 2025 será un año importante para el sector, no solo por las definiciones cruciales que están en ciernes, sino porque se definirán los candidatos presidenciales del 2026, y sin duda la política energética que se proponga tendrá gran influencia en las elecciones.
Lo corrido del gobierno actual ha dejado varias lecciones, que deberían ser tenidas en cuenta para lo que pase en 2025. En primer lugar, está claro que se requiere reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos, no solo por los recursos perdidos de regalías que tanto se echan de menos para cubrir el déficit fiscal, sino para no perder la autosuficiencia energética, que nos va a conducir indefectiblemente a un aumento progresivo del precio del gas, afectando a los hogares y a la industria, lo que contradice el propósito de reducir los costos de electricidad y uno de los postulados del PND que nos rige, que es precisamente el de transición justa, que implica “seguridad, confiabilidad, asequibilidad y eficiencia en el servicio de energía” como lo presenta textualmente dicho Plan.
De otra parte, hay consenso sobre la necesidad de impulsar el desarrollo de las energías renovables, para cumplir los compromisos que adquirió Colombia en el marco global de la descarbonización, para lograr el propósito de lograr una matriz energética más resiliente y para aprovechar este camino como un mecanismo de reindustrialización.
El hidrógeno verde al que el mundo le está apostando, ofrece para Colombia grandes oportunidades de reindustrialización, pero si no se genera energía renovable no será más que una quimera, y nos quedaremos atrás desaprovechando las excepcionales condiciones geográficas del país.
Finalmente, el 2024 demostró la fortaleza del sector eléctrico al permitir que el país no se apagara en el peor momento del fenómeno del niño. Esto es gracias al diseño institucional existente y a un sistema que se construyó pensando en la confiabilidad. Las medidas que propendan por intervenir los precios sin consultar la realidad del mercado, alivian la presión de los usuarios al gobierno en el corto plazo, pero afectan la estabilidad del sistema al desestimular los proyectos a largo plazo que son los que se necesitan para tener confiabilidad. La intervención de los precios, conllevará retrasos en los proyectos y con ello a no poder garantizar el abastecimiento a largo plazo agravando aún más la situación de los usuarios.
Que sea entonces el inicio del año la oportunidad para repensar el rumbo del sector energético, priorizando la confiabilidad y la seguridad, que son tesoros con los que hemos contado siempre, pero que parecen empezar a perderse si no se toman las decisiones correctas.
